Fiscalidad y vivienda

Tal como ha sido planteado, el asunto de la eventual supresión de algunas desgravaciones fiscales estimula, más que el debate, la confusión. De entrada, se están mezclando tres asuntos como si fueran uno solo: el del déficit público, el de la vivienda y el de la reforma fiscal. Si nos empeñamos, todo tiene que ver con todo, pero cada problema debe ser analizado por separado.Es cierto que la reducción del déficit es vital para la economía española y que ese objetivo pasa por un presupuesto muy restrictivo para 1996. Pero para evitar que se produzcan otros efectos perversos, por ejemplo, en términos de inflación, esa contención habría de ser el resultado de la reducción del gasto, no del aumento del ingreso. La experiencia de la reciente compensación vía IVA de la reducción de las cotizaciones sociales es suficientemente elocuente al respecto.

En España existe un serio problema de vivienda que, por ejemplo, retrasa la edad de emancipación de los jóvenes, lo que a su vez es fuente de conflictos diversos. Las razones son el desmesurado encarecimiento del suelo urbano, por una parte, y la escasez de viviendas de alquiler, por otra. Lo primero no se resuelve eliminando desgravaciones. Lo segundo se intentó remediar mediante la Ley de Arrendamientos Urbanos, orientada a aumentar la oferta de viviendas en alquiler. Algo ha aumentado, pero fundamentalmente en el tramo de viviendas para inquilinos de rentas medias o altas. Se echa en falta una política de viviendas de promoción oficial para alquiler (municipales, sobre todo), dirigida a los jóvenes y otros sectores con bajos ingresos, similar a la que existe en numerosos países europeos y que es inseparable de una política de suelo público. Esto tampoco tiene que ver con desgravaciones; la eliminación de éstas afectaría fundamentalmente a sectores de las clases medias que consideran que la única forma de hacerse con un capital es esa forma de ahorro forzoso que constituye la adquisición de un piso con ayuda de un crédito.

Hay también un problema de racionalidad fiscal. Desde la reforma del impuesto sobre la renta, en 1978, la presión fiscal no ha dejado de aumentar por dos vías: la no adaptación de las tarifas a la pérdida de valor adquisitivo del dinero por efecto de la inflación y la paulatina eliminación de las causas de desgravación. La de los créditos para adquisición de vivienda y por gastos médicos son las dos principales que quedan para la mayoría de los contribuyentes asalariados, de Clase media y media-alta: el sector que en conjunto contribuye en mayor medida al Tesoro. Es muy humano que los individuos y colectivos sociales justifiquen la defensa de sus intereses particulares con argumentos de interés general. Así, la oposición a la reforma medio enunciada, medio desmentida por Borrell viene amparándose en argumentos como el problema de desempleo que crearía en el sector de la construcción o la reducción que se produciría en el ahorro privado y, a la larga, en la inversión.

Son argumentos respetables, pero secundarios respecto al fondo del asunto: que España es el país desarrollado en el que el gasto público, y con él la presión fiscal, ha aumentado más rápidamente; y que el peso fundamental de ese esfuerzo fiscal ha recaído sobre esos sectores de rentas medias o altas pero controlables mediante la nómina; y que suprimir esas desgravaciones, y precisamente ésas, supone un aumento encubierto de la presión fiscal que soportan. La progresividad fiscal es un mandato constitucional, y la cohesión social, una necesidad de convivencia. Pero la prudencia política exigiría, tras casi 20 años de remachar el mismo clavo, aligerar algo la presión. Los resultados electorales del 28-M han lanzado un mensaje bastante claro al respecto.

La discriminación de la desgravación de vivienda en función del coste de la misma y de los ingresos familiares plantea arduos problemas. Borrell desmintió ayer que los límites respectivos de 20 millones y 210.000 pesetas hayan sido contemplados. Ciertamente, tal sistema estimularía pagos bajo cuerda para no perder el derecho a la ventaja fiscal; aparte de que el límite de ingresos supondría excluir a la mayoría de los compradores potenciales y resultaría contradictorio con el objetivo de canalizar las rentas más bajas hacia el alquiler. Pero si no se trata de eso, ¿de qué se trata?. Lo único evidente es que el asunto está poco maduro. Las ideas geniales dejan de serlo cuando su plasmación resulta imposible.