El Senado aprueba las medidas antiterroristas propuestas por Clinton

Las fuerzas de seguridad de EE UU tendrán nuevos poderes para investigar actividades consideradas como terroristas, el Gobierno podrá deportar con más facilidad a emigrantes ilegales y los condenados a muerte verán limitadas sus posibilidades de apelación. Siete semanas después del atentado de Oklahoma, el Senado aprobó mayoritariamente el miércoles una ley antiterrorista que recoge casi todas las recomendaciones sugeridas por el presidente Bill Clinton tras la bomba que mató a 167 personas.

En un clima general de rivalidad política, el debate del Senado ha servido para que republicanos y demócratas se pongan de acuerdo en sólo cuatro días, con la bendición de la Casa, Blanca y el fantasma del atentado de Oklahoma del pasado 19 de abril aún presente. "Esta legislación proporcionará las herramientas que hacen falta para hacer todo lo humanamente posible para que no se repitan este tipo de tragedias", dijo Clinton, que hizo un llamamiento a la Cámara de Representantes para acelerar el debate de la ley y que pueda entrar en vigor en verano.La ley establece que la mayoría de los condenados a la pena de muerte no podrá recurrir la sentencia más de una vez y en el plazo de un año, limitando también el plazo de tiempo otorgado a los tribunales para revisar las apelaciones. El objetivo es evitar que los condenados a muerte apelen sistemáticamente y sigan en sus celdas 14 o 15 años después de haber cometido el crimen, y frenar así "esos recursos sin sustancia que vuelven locos a todo el mundo", según el senador Orrin Hatch, presidente del Comité Judicial. Sólo habrá una segunda oportunidad para apelar en los casos en los que surjan nuevas pruebas no tenidas en cuenta en el. primer juicio.Asimismo, la ley incrementa las condenas por crímenes federales relacionados con el terrorismo, facilita el acceso del FBI a información reservada -cuentas corrientes, listas de huéspedes en hoteles, escuchas telefónicas-, aumenta su dotación antiterrorista y permite seguir la pista a las sustancias explosivas que se venden libremente.La votación en el Senado, 91 votos contra 8, refleja la sensibilidad de la clase política y de la opinión pública ante los riesgos del terrorismo, pero no todo han sido recciones favorables. Grupos que defienden los derechos humanos han expresado su preocupación por las medidas aprobadas, porque entienden que se lesionan libertades constitucionales.

Las asociaciones de abogados pronostican nuevas batallas legales, sobre todo en el capítulo que limita las apelaciones en caso de pena de muerte. En el Senado, el demócrata Joseph Biden trató de modificar la medida, sin éxito, con este argumento: "No deberíamos sacrificar la certeza en nombre de la velocidad, o la justicia en nombre de la venganza".