Saavedra asegura que son asumibles las demandas de CIU, excepto el tráfico

El Gobierno y los nacionalistas catalanes de CiU mantienen la tensión en público mientras preparan una negociación de gran calado en el terreno autonómico y económico. El ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, aseguró ayer que las demandas autonómicas de Jordi Pujol son "asumibles", con la única excepción de la competencia de tráfico. Saavedra trataba así de rebajar la tensión que la víspera provocó el portavoz parlamentario de CiU, Joaquim Molins, que amenaza con cuestionar el apoyo al Gobierno si no percibe gestos de la Administración central hacia sus demandas autonómicas en los próximos días.

Las demandas de Pujol están incluidas en la carta que envió el pasado 30 de mayo al presidente del Gobierno, Felipe González. En ella recuerda una lista de demandas autonómicas concretas, como la transferencia del personal de la Administración. de Justicia, el tráfico, las políticas activas de empleo y la reforma de la Administración periférica del Estado, incluida la nueva regulación de la figura de los gobernadores civiles.En el terreno legislativo, Pujol manifestaba a González que se presentaban dificultades en las negociaciones de las leyes de comercio, del cable y el contrato-programa del metro de Barcelona. Con la financiación autonómica, cuya negociación se reanudará en julio, Pujol cerraba el listado de cuestiones pendientes de la Generalitat con la Administración central.

Ayer fue el ministro para las Administraciones Públicas quien habló en nombre del Gobierno para subrayar la voluntad del Ejecutivo de realizar con celeridad los traspasos pendientes a Cataluña. De hecho, todos los ministerios afectados están trabajando ya en la preparación de los traspasos, tras el encargo que les hizo el presidente del Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

Saavedra anunció ayer que antes de que finalice julio se reunirá la comisión mixta Administración central-Generalitat para aprobar el traspaso de algunas de las materias reclamadas por Pujol, como el personal al servicio de la Administración de Justicia, las políticas activas de empleo del Inem y el SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios).

El obstáculo del tráfico

Sólo existe una traba en el terreno de los traspasos pendientes: la competencia de tráfico. El obstáculo que presenta el traspaso de tráfico consiste en que el Estatuto de Cataluña lo cita como una competencia exclusiva del Estado. "He leído el Estatuto de Cataluña y veo que está excluido tráfico de las competencias de la policía autonómica", dijo el ministro.Esta dificultad sólo puede superarse mediante un procedimiento insólito, como es el de una ley orgánica que, sin duda, originaría una fuerte resistencia del Partido Popular (PP), como ya han anunciado sus portavoces. "Eso, hasta ahora, no se ha planteado por ninguna comunidad autónoma. Sería una políciaca autonómica distinta, de un lado político muy grande", admitió ayer el ministro.

Saavedra manifestó ayer q en el resto de los traspasos no había ningún problema: "En todo lo demás existen títulos jurídicos y competenciales, y es pura decisión política negociar estos traspasos".

El ministro para las Administraciones Públicas dijo también que el Gobierno mantiene compromisos legislativos pendientes, que tienen como fecha límite el 30 de junio. No obstante no quiso pronunciarse sobre ellos, porque son competencia de otros ministerios. Sólo lo hace sobre la polémica Ley de Organización y Funcionamiento de Administración General del Estado (LOFAGE), que incluye la regulación de los gobernadores civiles, y de la que dijo que el Consejo de Ministros la aprobará el 30 de junio.

Saavedra aseguró que no que Pujol convoque elecciones porque "se interrumpirían negociaciones y se congelarán los traspasos".