La rebelión aplazada

Una tormenta en un vaso de agua, con la independencia al fondo. El delito de rebelión, mediante el alzamiento público para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, castigado en el proyecto de Código Penal con hasta 25 anos de cárcel, suscitó anoche en la Comisión de Justicia e Interior un tenso debate, iniciado por Emilio Olabarría (PNV).Dentro de los delitos contra la Constitución, el de rebelión está definido en el artículo 451 como el cometido por "los que se alzaren públicamente para", entre otros fines -derogar la Constitución, destituir al Rey...-, "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". Con las mismas palabras, el código vigente lo castiga con hasta 30 años.

Olabarría pidió su supresión para evitar que la defensa de la independencia de un territorio pueda castigarse como proposición o apología de rebelión. José María Mohedano (PSOE) contestó que la figura "no castiga a quienes quieran independizarse, sino a quienes se alcen con armas para ello, del mismo modo que reformar la Constitución por cauces legales no es rebelión".

Por IU, Diego López Garrido consideró legítima la defensa de la autodeterminación "siempre que se haga pacíficamente". Olabarría insistió en que "alzarse públicamente es un concepto indeterminado no equivalente a hacerlo con armas" y preguntó qué seguridades habrá de que quien defienda la independencia en un mitin no sea acusado de rebelión. La cuestión suscitó una cierta solidaridad nacionalista y Lorenzo Olarte (CC) y Jordi Casas (CiU) respaldaron al PNV.

López Garrido improvisó una enmienda que explicita que la rebelión ha de ser "violenta". Olabarría se adhirió a la propuesta al igual que los portavoces nacionalistas y el del PP, Felipe Hueso. Los socialistas quedaban en minoría. Tras consultar con los grupos, se alcanzó un rápido consenso para aplazar el asunto hasta el pleno y evitar. improvisaciones.