Belloch garantiza que la ley del aborto irá al Congreso en menos de un mes

El proyecto de ley que amplía los supuestos para la interrupción voluntaria del embarazo tendrá sólo siete artículos y estará en el Parlamento antes del 30 de junio, quizá en 15 días, según anunció ayer el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, en el pleno del Congreso. El ministro añadió que quiere que el proyecto se estrene a finales de este año, junto al Código Penal, para lo que solicitó un "intenso trabajo parlamentario" que permita que ambos proyectos entren en vigor a la vez. Josep Antoni Duran, socio político de Jordi Pujol, reaccionó con una amenaza: la retirada del apoyo al Gobierno de Felipe González.

El ministro Belloch garantizó ayer a Izquierda Unida que no habrá marcha atrás en la nueva ley del aborto. Intentará incluso que la iniciativa del Gobierno llegue al Parlamento durante la primera quincena de junio. En su opinión, el texto ha sido preparado "cuidadosamente," para que sea compatible con la Constitución y, al mismo tiempo, garantice que sea la mujer quién decida libremente su maternidad."No sé a qué juega Belloch: si a romper el Gobierno o a romper alguna otra cosa", dijo anoche Josep Antoni Duran, presidente de Unió Democrática de Catalunya (UDC), partido coligado con la formación de Jordi Pujol (CDC), al tener conocimiento de la intervención del ministro en el Congreso de los Diputados. "Las relaciones entre el Gobierno y Convergència i Unió acabarán mal si el Ejecutivo socialista lleva adelante la ley del aborto", pronosticó Duran, quien también tuvo reproches hacia José Borrell, titular de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

A juicio del dirigente de Unió, el ministro de Obras Públicas "es uno de los exponentes del PSOE que quieren acabar con el apoyo de Convergencia i Unió al Gobierno". Si el Ejecutivo asume los planteamientos de Borrell respecto a la ley de Costas y el proyecto de ley de Telecomunicaciones, "habrá un motivo más para que nosotros no podamos continuar dando apoyo al Gobierno", advirtió.

Sus declaraciones contrastaron con las previas de Juan Alberto Belloch. Preguntado por los periodistas por la posibilidad de que el debate del proyecto de ley del aborto pueda poner en peligro los acuerdos entre el PSOE y Convergència i Unió, dada la oposición de los nacionalistas catalanes, el ministro manifestó que no cree que eso llegue a ocurrir. No obstante, trasladó la respuesta de esa pregunta a los dirigentes de CiU.

Nuevo supuesto

El texto anunciado ayer por el ministro de Justicia e Interior admite un nuevo supuesto, en el que se incluye la situación personal, familiar y socioeconómica de la mujer para que sea ella quien decida si interrumpe o no su embarazo.

También prevé un sistema de asesoramiento que informe a la mujer sobre opciones alternativas al aborto, como la adopción o la acogida del niño, y sobre ayudas a la familia y aspectos médicos. En cuanto al aspecto sanitario, regula el conflicto entre el derecho de la mujer a abortar y el de la objeción de conciencia del personal sanitario. Esta objeción nunca podrá argumentarse cuando esté en peligro la vida de la madre.

El ministro Belloch indicó que es un texto adecuado y homologable en el 90% de los países europeos. "Será una ley despenalizadora, comprensiva y garante de la libre decisión y el derecho de la mujer", dijo el titular de Justicia e Interior.

Ante el compromiso adquirido por el Gobierno, sugirió a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-IC) que retirase su proposición de ley alternativa. Sin embargo, la diputada Ángeles Maestro adelantó que su grupo esperará a que el Gobierno remita al Congreso de los Diputados el proyecto de ley antes de tomar una decisión.

Ángeles Maestro insistió en que es urgente aprobar una ley que garantice "el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad".

La diputada de IU-IC manifestó que sólo un 6% de la demanda de abortos se realiza en hospitales públicos y añadió que desde 1988 se ha reducido el número de operaciones para la interrupción voluntaria del embarazo practicadas en centros de titularidad estatal.