Huelga de médicos y Estado de las autonomías

El ejercicio del derecho a la autonomía no sólo implica la posibilidad de que se pongan en práctica políticas distintas en unas comunidades autónomas y otras, sino que exige casi que así sea. No tendría sentido que se hubieran constituido 17 comunidades autónomas; con Parlamentos elegidos por sufragio universal, en las que las mayorias políticas de Gobierno son distintas, y que todas después tuvieran que acabar haciendo la misma política en todos los terrenos. El derecho a la autonomía no tiene otro sentido que el que los ciudadanos de los distintos territorios puedan expresarse políticamente en relación con la gestión de las materias susceptibles de ser administradas de forma diferenciada.La sanidad es una de ellas. No la única, pero sí una de las más importantes. Junto con la educación. Se trata, posiblemente, de las dos materias en las que el ejercicio de la competencia por las distintas comunidades autónomas puede ser más expresivo de una determinada opción política y en las que, en consecuencia, se puede producir alguna diferencia entre unas y otras. Diferencia que, como el Tribunal Constitucional dejó sentado desde una de sus primeras, sentencias en 1982, no es discriminación, sino expresión de la propia naturaleza del Estado "compuesto" constitucionalmente definido.

Es cierto que políticas inicialmente diferentes como consecuencia del ejercicio del derecho a la autonomía no tienen por qué continuar siéndolo siempre. Nada impide que, a la luz de la experiencia de una determinada comunidad autónoma en un determinado terreno, se haga la reflexión por otra u otras de que sería bueno seguir ese modelo. Si, tras el análisis correspondiente, se llegara, por ejemplo, a la conclusión de que en un determinado territorio la prestación del servicio sanitario es más eficaz, el número de ciudadanos en lista de espera menor, la rentabilidad en el uso de las instalaciones superior, la productividad de los médicos más alta y su salario también superior, es claro que sería lógico que se pidiera la imposición del modelo.

Ahora bien, lo que habría que pedir es la importación del modelo y no solamente de uno de los elementos del mismo. La política sanitaria no puede ser reducida exclusivamente al salario de los profesionales de la sanidad, por muy importante que este elemento sea. El destinatario de la política sanitaria es el conjunto de la población, que es además la que paga el sistema sanitario en su totalidad, incluidas las retribuciones del personal integrado en el mismo. Dichas retribuciones no pueden ser desvinculadas de la forma en que los profesionales presten el servicio y den respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Por eso no se puede entender, por motivos que no sean sospechosos, la huelga protagonizada por los médicos desde hace varias semanas. Tendría sentido si se hubieran dirigido a la Administración competente (estatal, andaluza, gallega, valenciana) para que ésta adoptara las medidas que hicieran posible una política sanitaria, incluido el aspecto retributivo, similar o con tendencia a serlo a la que se está siguiendo en la comunidad autónoma de referencia, y si tal demanda no hubiera sido atendida.

Pero, tal como se ha convocado, la huelga no plantea sólo un problema presupuestario, sino otro mucho más grave. Si este criterio de tomar la parte por el todo se generaliza, no hay Estado políticamente descentralizado que pueda funcionar. Espero que no sea eso lo que se pretenda.