¿Cómo debe ser el IRPF en España?

¿HAY QUE MODIFICAR EL IRPF? El impuesto sobre la renta centra estos días la atención de los ciudadanos, porque estamos ante el examen anual de la liquidación del mismo y porque ha irrumpido en la campaña electoral al conocerse la propuesta completa del Partido Popular. Casi veinte años después de su puesta en marcha, se plantea la posibilidad de modificar susutancialemente el IRPF. Las opiniones de Enrique Martínez Robles, secretario de Estado de Hacienda, se contraponen a las de Jaime García Añoveros, catedrático y ex ministro de Hacienda con UCD. Como contrapunto ofrecen su visión José Victor Sevilla, inspirador de la reforma Ordóñez, y José Manuel González-Páramo, también catedrático de Hacienda Pública.

Las reflexiones sobre el futuro del impuesto sobre la renta de las personas físicas en España tienen que tomar en consideración el principio de rigor presupuestario. Este principio en la vertiente del ingreso significa que cualquier iniciativa en materia tributaria debe ser evaluada teniendo presente sus efectos en relación al objetivo de reducción del déficit contenido en el programa de convergencia.Tampoco puede olvidarse, a la hora de contemplar posibles modificaciones en el IRPF, el contexto de la presión fiscal global existente en nuestro país y en los demás países europeos. En 1994, la presión fiscal en España se situó en el 36% del PIB, lo que significa cinco puntos por debajo de la media europea. En realidad durante los últimos 15 años la presión fiscal española siempre ha estado por debajo de la media de la Unión Europea. Es cierto que hasta 1989 la presión fiscal en España ha experimentado un notable avance, aunque este crecimiento ha sido necesario para la modernización de nuestro capital productivo y para avanzar hacia los niveles de bienestar social que disfrutaban los países de nuestro entorno. Sin embargo, en los últimos cinco años, al contrario de lo que generalmente se dice, la presión fiscal en España ha permanecido prácticamente estabilizada. A pesar de ello, el Gobierno se ha comprometido a no aumentar la presión fiscal individual, lo que supone renunciar a incrementos lineales de la misma y avanzar en la mejora del rendimiento de nuestro sistema fiscal por la vía de los efectos en la recaudación de una economía en crecimiento y de la lucha contra el fraude.

Si los objetivos actuales de política económica son contrarios, en general, a medidas fiscales que minoren la recaudación, la aplicación de estas medidas en el caso del impuesto sobre la renta serían especialmente contraproducentes, ya que este tributo constituye el eje central de la imposición directa y la principal fuente de ingresos del Estado.

El diseño actual del IRPF cumple los requisitos que cualquier sistema tributario moderno exige a un impuesto sobre la renta. La progresividad en el IRPF español se evidencia en el hecho de que en 1993 el 1% de los contribuyentes con rentas más altas han aportado el 18% de la recaudación del impuesto, mientras que el 25% de los declarantes con menores rendimientos han aportado el 1% de la cuota líquida del mismo. La generalidad se ha alcanzado por la constante incorporación de nuevos contribuyentes desde la implantación del impuesto, en 1993 se presentarán casi trece millones de declaraciones, lo que supone que en 1-5 años de vida del impuesto se han multiplicado por 2,5 las declaraciones presentadas.

Redistribución

Pero probablemente lo más relevante del IRPF actual es su carácter de instrumento esencial en la redistribución de la renta. Este carácter se pone de manifiesto si observamos los tipos efectivos que corresponden a los distintos niveles de base imponible. En 1993, el tipo efectivo medio correspondiente a los casi trece millones de declarantes fue el 16,13%, pero aquellos cuya base imponible era inferior a un millón de pesetas tributaron a un tipo efectivo menor del 2%, los declarantes con bases menores a 1,5 millones lo hicieron a un tipo inferior al 6%, para bases imponibles entre 3 y 5 millones el tipo se eleva al 19%, para bases entre 5 y 10 millones el tipo es del 24% y a partir de ese tramo de renta los tipos efectivos oscilan entre el 39,5% y el 53% para bases superiores a 100 millones.

A pesar de esto, en la actualidad se alzan voces que piden la modificación y simplificación del impuesto. Resulta claro, sin embargo, que cuando la derecha política, económica y académica habla de la necesidad de simplificar el IRPF, lo que realmente está pidiendo es una disminución de los tipos en los tramos más altos de renta. Esta petición se adorna normalmente con dos argumentos pretendidamente científicos; la reducción de los tipos a las rentas más altas va a producir, paradójicamente, un aumento de la recaudación fiscal y, sin más, va a ablandar el corazón y afloiar el bolsillo de los contribuyentes y de niveles altos de renta que hoy defraudan el impuesto.

En esta línea teórica se sitúa la propuesta planteada por el Partido Popular de reducir los tipos para los niveles más altos de renta. La aplicación de este modelo supondría una formidable pérdida de recaudación, más de 800.000 millones, afectando al objetivo de reducción del déficit y, sobre todo, una notable pérdida de progresividad en el tributo, ya que las rentas superiores a 25 millones reducirían en media su gravamen en torno a los seis millones de pesetas, pero los tramos más bajos de renta tan sólo se favorecerían en unas 1.800 pesetas. Este panorama no se arreglaría con la iniciativa popular últimamente desvelada de compensar la rebaja de la tarifa en el IRPF con la desaparición de las deducciones y desgravaciones, especialmente las deducciones correspondientes a las rentas del trabajo, ya que ello supondría un serio obstáculo en el camino emprendido desde principios de los ochenta hacia una distribución más justa de la renta.

Mejoras recientes

En mi opinión, el futuro del 1 RPF debe orientarse hacia la mejora de determinados aspectos del impuesto y, en este sentido, algunas medidas tornadas recientemente por el Gobierno como la actualización y aumento de determinadas deducciones que afectan a las familias, la reforma en la deducción por doble imposición de los dividendos al objeto de neutralizar el doble gravamen que recae sobre los mismos, la simplificación procedimental a través de un impreso abreviado, la adaptación de la tarifa y las retenciones a la inflación y, en un contexto más general, las medidas contenidas en el plan de lucha contra el fraude, son ejemplos de actuaciones dirigidas a ayudar a las familias, favorecer la recuperación económica y estabilizar la presión fiscal individual sin renunciar a un mayor rendimiento del sistema tributario pero más justo y mejor redistribuido entre los ciudadanos.