La Corte Suprema chilena procesa a dos militares acusados del asesinato de Carmelo Soria
La Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile resolvió ayer por tres votos contra dos procesar a un coronel retirado y a un suboficial del Ejército, como autor y cómplice, respectivamente, del asesinato del ciudadano español Carmelo Soria, cometido en 1976 por agentes de la DINA, la policía política del régimen del general Augusto Pinochet. El tribunal superior admitió así parte de una de las tres apelaciones presentadas por el abogado Alfonso Insunza, representante de la familia Soria, rechazó las otras y abrió la posibilidad de que se haga justicia en el caso.
La sorpresiva resolución favorable a los querellantes dejó en condición de reos al coronel Guillermo Salinas, como autor del crimen, y al suboficial José Ríos como cómplice, ambos miembros de la Brigada Mulchén de la DINA, responsable del asesinato de Soria. Denegó, en cambio, la corte la petición de procesar a los oficiales del Ejército Jaime Lepe, Pablo Belmar y Patricio Quilhot, también miembros de la citada brigada.Rechazó también la Corte Suprema una petición de extradición del estadounidense Michael Townley, ex agente de la DINA en cuya residencia se cometió el crimen, y de procesar a los ex jefes de este organismo, el general retirado Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, por el delito de obstrucción a la Justicia.
En sus fundamentos, el voto de mayoría de la resolución judicial enumera las declaraciones de siete testigos directos e indirectos y se remite a la autopsia. Según el fallo, queda demostrado en el proceso que Soria fue secuestrado, conducido a la casa de Townley en Santiago de Chile, donde fue torturado y asesinado.
Después, los asesinos quisieron "ocultar el delito simulando un desbarrancamiento del automóvil Volkswagen de propiedad del ofendido, ocasionado, asimismo, por un forzado estado de ebriedad del conductor". Estos hechos, sostuvo el tribunal, "constituyen el delito de homicidio calificado" y del proceso "fluyen presunciones fundadas" para procesar a Salinas y Ríos.
Los dos jueces que votaron contra el procesamiento de Salinas y Ríos se basaron en que los elementos probatorios no son suficientes para extraer de ellos "las presunciones fundadas requeridas por la ley".
El fallo provocó alegría en los querellantes y los familiares de Carmelo Soria. "Estoy muy contenta", dijo en los tribunales Cannen Soria, hija del exfuncionario de las Naciones Unidas. "Esto recién comienza. Es un buen auspicio", agregó. En su opinión, la resolución del alto tribunal debe infundir confianza a los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos. "Es una clara muestra de que los tribunales de justicia han acogido nuestra verdad" señaló. Sin embargo, la hija de la víctima lamentó que el resto de los miembros de la Brigada Mulchén no hayan sido procesados.
El abogado de la familia Soria, Alfonso Insunza, advirtió que apelará ante el juez instructor, Eleodoro Ortiz, para que pida que Townley declare en el proceso. "Me parece un fallo importante. La parte querellante se encuentra contenta con esta resolución, porque permite seguir investigando y determinar la verdad y la justicia", afirmó. Insunza aseguró anoche a EL PAÍS que "esto es sólo la primera etapa. Queda mucho camino por recorrer", y añadió: "Vamos a seguir hasta el final". El abogado indicó que los dos procesados pueden llegar a ser condenados a penas que oscilan entre cinco y 10 años y en un tono comedido expresó su confianza que la decisión de la Corte Suprema no provoque reacciones negativas en las filas militares. "Hay que esperar que el fallo sea acatado por el Ejército [todavía dirigido por Pinochet] y que éste colabore con la Justicia", dijo Insunza.
El procesamiento de dos militares por un asesinato cometido durante la dictadura pinochetista elevará, sin duda, la tensión política que vive Chile ante otro falló que debe dictar de manera inminente la Corte Suprema, en relación al proceso por el asesinato de Orlando Letelier, ex ministro de Exteriores del régimen de Salvador Allende. De. producirse una sentencia condenatoria, dos altos oficiales del Ejército podrían ir a la cárcel: el general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (cuyo nombre también aparece en el caso Soria) y el brigadier Pedro Espinoza.
Pobre Chile
Soria salió alrededor de las 17.45 del 14 de julio de 1976 desde su oficina de la CEPAL manejando su Volkswagen Escarabajo. Alrededor de 45 minutos después fue detenido en una esquina del barrio Providencia por dos miembros de la Brigada Mulchén disfrazados de carabineros. La operación era vigilada por al menos un tercer integrante de la brigada en un Fiat 125.El entonces mayor -hoy es general retirado- Raúl Iturriaga llamó al estadounidense Michael Townley, también agente de la DINA, para avisarle que trasladaban un detenido a su domicilio, una elegante residencia en el barrio Lo Curro, que servía de cuartel a la brigada. Ésta estaba integrada por capitanes del Ejército y dos suboficiales, además de Townley.
Allí, en el sótano, interrogaron a Soria sobre sus vínculos con el partido comunista. Suponían que él era un correo que ayudaba a traer dinero a la resistencia chilena. Lo torturaron de forma brutal, aplicandole electricidad y golpes. Su única, respuesta era profética: "Pobre Chile, pobre Chile", les decía Soria.
En medio de las torturas le quebraron el cuello haciendo palanca contra el peldaño de una escalera. El jardinero de la residencia debió limpiar al día siguiente la mancha de sangre que quedó en el sótano, según testificó en Roma, la semana pasada, en otro juicio contra la DINA.
Los miembros de la brigada -Guillermo Salinas, Jaime Leppe, Patricio Quilhot, Juan Delmás, José Ríos y José Aqueveque- trasladaron el cuerpo de Soria hasta el cercano cerro San Cristóbal. Lo empaparon con licor y arrojaron el coche por un barranco, que cayó hasta un canal.
La primera versión policial indicó que Soria había muerto en estado de ebriedad. La verdad tardó 17 años en emerger desde las sombras, gracias a la persistencia de la familia de Soria y a la investigación judicial.
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