Debate fiscal

AUNQUE NO toque precisamente ahora, puesto que las elecciones del 28 de mayo son locales y autonómicas, cualquier momento es bueno para debatir sobre una reforma fiscal cuya necesidad todos admiten. La polémica suscitada por las contradictorias declaraciones del Partido Popular sobre si se proponía suprimir, o todo lo contrario, las desgravaciones del impuesto sobre la renta (IRPF) ha dado ocasión al único debate interesante aparecido en lo que va de campaña, por confuso que esté resultando. Sería lamentable que por haberse planteado en un contexto electoral la discusión derivara hacia terrenos demagógicos que oscurezcan, en lugar de aclarar, las posiciones de cada partido respecto a un asunto que figura desde hace años entre los que más preocupan a los ciudadanos.Pero la confusión de la gente será inevitable mientras los propios partidos no se aclaren. Tras las primeras escaramuzas, la situación del debate es ahora mismo bastante surrealista: el PP, cuya primera reacción fue defender la conveniencia de eliminar las desgravaciones, acusar de defraudadores a los que se oponían a ello y negar que hubiese intentado ocultar sus intenciones al respecto, ha pasado a defender la' conveniencia, no sólo de mantener, sino de aumentar tales desgravaciones. Los socialistas más fogosos han arremetido contra los populares, acusándoles, con no poca demagogia, de preparar un proyecto fiscal a la medida de los ricos, y al amparo de esta polémica Hacienda se propone dar una vuelta (te tuerca más a la imposición directa, esta vez sí eliminando desgravaciones para el próximo presupuesto y aumentando de hecho la presión fiscal en los tramos más altos.

La discusión sobre los impuestos es inseparable de la del gasto público. El crecimiento de éste fue en España, entre 1977 y 1994, el mayor de entre los países industrializados, pasando del 30% del PIB a casi el 50%. Ello forzó una creciente presión fiscal. España no es el país con mayor carga impositiva, pero sí aquel en el que su crecimiento ha sido más acelerado. En general, un aumento demasiado rápido de los impuestos perjudica el ahorro y la inversión y, por tan to, la actividad y el empleo. Y aunque no baste bajar los impuestos para desencadenar la dinámica contra ria, en un país con una tasa de paro que dobla la me dia europea esa rebaja puede ser necesaria, en un momento dado, como parte de una estrategia de estímulo a la inversión. Siempre, de todas formas, que se garantice que la reducción en la recaudación irá acompañada de una disminución equivalente en el gasto público; es decir, que no aumentará el déficit.

De ahí que sea legítimo preguntar al PP qué partidas de gasto piensa recortar para que la rebaja de los impuestos no se traduzca en un mayor déficit. El carácter contradictorio de las respuestas indica que el PP no ha superado todavía el síndrome de los partidos que temen que cualquier pronunciamiento inequívoco les haga perder votos en algún sector del electorado. Independientemente de que haya o no elecciones y del carácter de éstas, un partido que aspira a gobernar pronto -y que reclama el derecho a hacerlo de inmediato- está obligado a ser claro respecto a sus propuestas. Ahora que tiene el viento de cola, con más motivo.

En principio, un impuesto directo como el IRPF debe gravar la renta neta y, por tanto, deben ser deducibles los gastos precisos para la obtención del ingreso. Desde la primera reforma fiscal de la democracia, en 1978, varias de esas deducciones han ido desapareciendo, y casi siempre por criterios recaudatorios antes que de racionalidad fiscal. Es cierto que de esas deducciones -sobre todo por adquisición de vivienda y gastos médicos- se benefician proporcionalmente más las rentas medias y altas, pero también son las que en mayor medida contribuyen a la recaudación. El criterio, al final es político; que cada partido presente el suyo en función de los intereses que aspira a representar, Y que dejen ya, unos. y otros, de despistar al elector-contribuyente con discursos que ocultan más que iluminan.