1.300 oficiales del Ejército demandan al Estado ante el Tribunal de Estrasburgo

Por vez primera, militares españoles ha recurrido en masa al Tribunal, de Estrasburgo, alegando la violación de sus derechos fundamentales. Casi 1.300 jefes y oficiales del Ejército firman la demanda contra el Estado español presentada ayer ante la Comisión Europea de Derechos Humanos.Los demandantes, miembros de la antigua Escala Especial del Ejército de Tierra, consideran que la ley del Personal Militar de 1990, que les integró en la Escala Media en vez de hacerlo en la Superior, como ellos pretendían, vulneró el Convenio de Roma.

Los oficiales en la Escala Especial, 3.000 en total, proceden de suboficial y ascendieron a teniente por promoción interna, tras seis años de servicio y dos de licenciatura. Por el contrario, los oficiales de la Escala Activa salieron directamente como tenientes de la Academia de Zaragoza.

Según la citada ley, los primeros se integran en la Escala Media, que llega como máximo a teniente coronel; mientras los segundos entran en la Escala Superior y pueden llegar a general.

Los militares que firman la demanda se sienten sometidos a "tratos degradantes" en su actividad profesional, aseguran haber sido discriminados "por razón de origen" y se declaran privados del derecho de acceso efectivo a la justicia, al no haber obtenido "una resolución motivada" de los tribunales españoles.

El recurso a Estrasburgo es el último paso de una larga batalla judicial, hasta ahora infructuosa, que los miembros de la Escala Especial iniciaron en enero de 1991 contra el decreto que materializó su integración en la Escala Media. El 14 de marzo de 1994, el Tribunal Supremo les negó la razón, alegando que, "sin perjuicio de que el legislador hubiera podido optar por otro criterio, desde luego no resulta anticonstitucionalmente discriminatorio que haya mantenido el consistente en integrara las Escalas Especiales del Ejército en las Escalas Medias".

El pasado 15 de septiembre, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso interpuesto por los militares, con el argumento de que la sentencia del Supremo era "perfectamente razonable y razonada". La batalla de la Escala Especial no se limitó a los tribunales, sino que incluyó numerosas manifestaciones de esposas de militares, especialmente en 1989 y 1990, y seis proposiciones de ley en el Congreso favorables a su reivindicación, que lograron el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE.