Pocas leyes 'verdes'

La estrategia verde del Gobierno autonómico -en manos del socialista Joaquín Leguina- se ha caracterizado por una oposición frontal a la incineradora de Valdemingómez, construida por el Ayuntamiento de Madrid en los confines del municipio. Sólo el Partido Polpular está a favor de la instalación. El PSOE regional -a pesar de qué la oposición socialista en el Ayuntamiento votó a favor de la planta en 1990- argumenta que el horno desincentiva el interés de los ciudadanos por reciclar sus residuos, pues quema el mismo tipo de desechos. Además, al igual que muchos científicos y ecologistas, opinan que el horno fabricará, en una complicada alquimia, unas moléculas cancerígenas: las temidas dioxinas. Izquierda Unida comparte estos dos argumentos.Pero Leguina está más preocupado porque la región no pase sed. "Con gran avaricia por el agua", como dicen los ecologistas, ha perseguido, sin éxito, la construcción de tres nuevos embalses: el de Matallana y el del Pozo de los Ramos, en Guadalajara, y el del Alberche, en Ávila. Pero una gran infraestructura del Canal de Isabel II, el trasvase de Picadas-Valmayor, ha salido adelante a costa de 30.000 encinas del suroeste de la región.

El debate se centra en si va a seguir creciendo la demanda (España es el segundo país del mundo en gasto de agua) o, por contra, el ahorro y una mejor distribución mantendrán el consumo en los 500 hectómetros cúbicos anuales. Los ecologistas opinan que la polémica está fuera de lugar, porque los ríos de la región ya están suficientemente exprimidos y Madrid no conseguirá más agua por muchas cantimploras que se construyan.

La Comunidad ha colaborado en el aumento de la demanda hídrica: los planes provinciales de urbanismo han dado vía libre a multitud de urbanizaciones de chalés y viviendas adosadas. Las praderas inglesas invaden la región en detrimento de los montes autóctonos. Y el césped tiene mucha sed.

Otras dos polémicas infraestructuras han afectado a la naturaleza madrileña: los cañones de nieve de Guadarrama (han llenado de cicatrices las frágiles laderas de Navacerrada) y el cierre norte de la M-40 a través del monte de El Pardo (un nuevo mordisco, consentido por todos los grupos políticos, a la joya biológica de Madrid).

La legislatura no ha dictado muchas normas verdes. En 1992 se aprobó la Ley de Vertidos Líquidos Industriales, pero sólo ahora, tres años después, un decreto, que permite aplicar la ley, conseguirá que las industrias más sucias paguen más por depurar su vertidos. En 1994 salió adelante la ley de creación del segundo parque regional, el del Sureste, con 31.550 hectáreas.

Pero el mayor logro ha sido la Ley Forestal. Elaborada por los ecologistas de Aedenat, asumida por el PSOE e IU, y aprobada el último día hábil de la Asamblea, inmuniza de los ladrillos a 70.000 hectáreas de encinares amenazadas por la especulación. Por el camino se han caído tres parques: el de la Sierra Norte, el del río Guadarrama y el del río Lozoya. Y el mayor fracaso: la Asamblea no ha podido convertir El Pardo en un parque nacional.

La política verde de Leguina, algo difusa los primeros años de la legislatura, se ha definido mejor en un sesudo documento: Madrid 21. Emanado de la Cumbre de Río de 1992, consiste en un análisis de la difícil situación del medio ambiente en Madrid. También marca los pasos a seguir para que quien gobierne a los cinco millones de madrileños consiga que la región sea sostenible.