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Tribuna:

Realismo o demagogia / 1

La autora analiza lo que denomina actitud "demagógica" de algunas autoridades autonómicas en materia de telecomunicaciones.

Tras un debate similar al que otros países de la Unión Europea han llevado a cabo, durante los dos últimos años, el Gobierno español ha fijado para 1998 la liberalización total del sector de las telecomunicaciones, diseñando un. programa acelerado de actuaciones encaminadas a colocar a nuestro país en las mejores condiciones frente a la competencia internacional. En estos momentos, sin embarco. la actitud oportunista de algunos, intentando resucitar en el ámbito autonómico un modelo ya periclitado, pone en peligro el proceso.Tras un debate nacional y comunitario que se ha extendido durante los dos últimos años, el Gobierno español ha decidido proceder a la liberalización total de las telecomunicaciones en el horizonte de 1998. En esa fecha, de acuerdo con el texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre, culminará la liberalización completa de redes y servicios, una vez alcanzados los objetivos de universalización. de la telefonía básica y reajuste de las tarifas a los costes reales.

En los 30 próximos meses, el Gobierno deberá propiciar los necesarios cambios legislativos y de estructura de los principales operadores, así como la adecua ción de la administración reguladora de las telecomunicaciones a las funciones a desarrollar, en un mercado abierto a la competencia.

Se conocen suficientes experiencias de otros países para saber que no basta con aprobar una normativa que modifique las reglas del juego. Al Reino, Unido, paradigma teórico de la liberalización, le ha costado 10 anos conseguir lo que España pretenden en menos de tres.

Hay dos aspectos de capital importancia para establecer una competencia integral efectiva donde durante más de 70 años ha habido un único operador global. Por un lado, el segundo operador debe concentrar el máximo de recursos disponibles para tratar de equilibrar hasta donde sea posible la potencia del primer operador. Por otro la existencia de una única red capilar propiedad del operador tradicional supone una poderosa barrera de entrada para el competidor y, por tanto, tan importante como la creación de redes alternativas es la regulación del acceso del segundo operador a las infraestructuras locales.El caso español

Consciente de las exigencias anteriores, el MOPTMA ha diseñado un esquema de liberalización que se basa en dos normas, piedras angulares de todo el proceso. Así, mientras el proyecto de ley de telecomunicaciones por cable favorece el desarrollo de redes urbanas alternativas tecnológicamente capaces de soportar el conjunto de telecomunicaciones avanzadas, un nuevo proyecto de ley de Ordenación dé las Telecomunicacionés establecerá las reglas de juego necesarias en un mercado abierto regulando fundamentalmente el modo de financiación del servicio básico universal, la interconexión de las distintas redes y los procedimientos de arbitraje entre los operadores.

De manera simultánea, el Gobierno ha iniciado ya la modificación estructural de los operadores de telecomunicación, disminuyendo la participación pública y diseñando el embrión de un segundo opeirador nacional de ' telecomunicaciones, alrededor de entidades que dispongan de las infraestructuras y tecnologías más adecuadas. Coordinando ambos procesos: establecimiento de redes urbanas alternativas y fomento de un segundo operadior con capacidad de red para la larga distancia, se dis-pondrá en el futuro de una competenc¡a nacional, real y efectiva.La ley

El proyecto de ley de tele-corriunicaciones por cable que el Go'bierno ha remitido al Congreso de los Diputados ha sido redactado para favorecer al máximo la construcción de redes capila.res alternativas capaces de soportar-todos los servicios de telécomunicación de voz, datos e imagen. Y todo ello sin bloquear el desarrollo tecnológico de nuestro principal activo en telecomunicaciones, Telefónica de España.

Mucho se ha discutido y se ha escrito sobre este proyecto de ley. Ha sido debatido en el Consejo Asesor de Télecomunicaciones y en su Comisión Permanente, en foros y seminarios, en Fundesco, en la Asociación para. el Progreso de la Dirección, en Aniel, en la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones, en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, etcétera, y sin embargo, como más adelante explicar algunos parecen no haberlo entendido, por lo que trataré de condensarlo en unas pocas pinceladas.

El proyecto de ley defiende la iniciativa de los ayuntamientos, cuya colaboración es imprescindible para realizar el tendido del cable, configurando demarcaciones territoriales de ámbito municipal. En el caso de municipios de muy pequeño tamaño, el proyecto de ley garantiza la viabilidud económica de los proyectos de inversión mediante la agrupación de. municipios distintos de la misma o distinta comunidad autónoma.

El proyecto de ley fomenta la utilización de todas las infraestructuras ya existentes para facilitar la instalación de la segunda red urbana. Y permite también que para rentabilizar la inversión se presten sobre esa red todos los ervicios de telecomunicación que la tecnología posibilite y los usuarios demanden.

El proyecto de ley no exige la universalidad de las telecomunicaciones por cable por razones obvias:

- En primer lugar, la tecnología de banda ancha sobre cable no es la adecuada para ofrecer servicios a zonas de población dispersa o pequeños núcleos. Al igual que ha sucedido con el servicio telefónico el suministro de nuevos servicios a pequeños núcleos deberá hacerse mediante sistemas radioeléctricos interactivos, terrestres o de satélite, cuando la tecnología esté disponible.- En segundo lugar, la exigencia inmediata de universalidad dificultaría la implantación de nuevos servicios, limitando la oferta a la telefonía básica o la televisión por cable en su sentido más tradicional.

Recientemente hemos podido leer en la prensa las declaraciones del consejero de Industria y Energía de la Generalitat de Cataluña acompañando la presentación de un documento que intenta demostrar, mediante datos parciales, aseveraciones gratuitas e interpretaciones interesadas, que el proyecto de ley de Telecomunicaciones por Cable aprobado por el Gobierno agudiza los desequilibrios territoriales, en Cataluña, condenando a una gran parte de la población al declive económico permanente.

Como era de esperar, el análisis del señor Subirá tiene un corolario: el proyecto de ley debe ser modificado para que las obligaciones de universalidad sean asumidas por la Generalitat mediante la correspondiente intervención pública, en un mercado que se pretende esté liberalizado y en competencia.

En el fondo lo que parece expresar el consejero es el deseo de tener su Telefónica particular, sin importarle que estemos en 1995 y no en 1924. Esta actitud cantonalista contrasta, de otra parte, con la que el propio consejero expone en un artículo publicado bajo el título La política industrial, donde, tras criticar un pasado de intervención pública en la actividad industrial, propone como alternativas la globalización y la internacionalización.

La presentación del documento Implicación previsible de la aplicación del proyecto de ley de Telecomunicaciones por Cable sobre el desarrollo territorial de Cataluña se produce, además, después de las reuniones mantenidas con la Secretaría General de Comunicaciones, en las que mis colaboradores y yo misma hemos desmenuzado y explicado los razonamientos técnicos, jurídicos y económicos que subyacen detrás de cada artículo del proyecto de ley.

La lectura del documento pone de manifiesto no sólo que no se ha entendido el proyecto, sino algo más grave: que no se entiende (o no se quiere entender) lo que son, lo que implican y lo que significan las telecomunicaciones avanzadas y las redes que las soportan. Sólo desde este desconocimiento puede explicarse una presentación como la realizada por el consejero de Industria y Energía de la Generalitat, con una frívola simplificación de los aspectos técnicos, acompañada de una demagogia preocupante en cuanto que la aceptación de sus conclusiones entrañaría un grave riesgo para la incorporación de España a la futura sociedad de la Información. Elena Salgado es secretaria general de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de mayo de 1995

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