Saavedra cree que la reclamación de Pujol de nuevas transferencias tiene solución

El Gobierno cree que son negociables y superables las reclamaciones autonómicas que Jordi Pujol plantea que se resuelvan para el mes de septiembre, entre las que figuran la del personal de la Administración de justicia y la competencia del tráfico para la policía autonómica de Cataluña. Así lo manifestó ayer el ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, horas después de que Jordi Pujol hiciera públicas sus reivindicaciones tras entrevistarse el lunes en Barcelona con el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch.

Saavedra afirmó que en las reclamaciones de Jordi Pujol "no hay nada nuevo" y dijo sorprenderse de que "la gente haga como si leyera una novedad cada mañana ante cualquier declaración del señor Pujol". Saavedra enmarcó las declaraciones del presidente de la Generalitat en "las reglas del juego entre un Gobierno minoritario y el grupo que le presta apoyo".Hoy miércoles se reúne en Madrid la Comisión Mixta de Traspasos Estado-Generalitat, tras superarse en las últimas horas dificultades imprevistas que a punto estuvieron de provocar la suspensión de - la reunión. Estas dificultades hacían referencia a la transferencia dé la titularidad de dos autopistas (A-19 y A-17) que transcurren íntegramente por territorio de Cataluña, y al traspaso de monumentos histórico-artísticos dependientes del Ministerio de Cultura. Al parecer, este ministerio trató de echarse atrás del acuerdo inicial, por temor a que todas las comunidades reivindiquen idéntico traspaso. Las dificultades se resolvieron telefónicamente.

Las demás transferencias que se someten hoy a la aprobación son de tono menor: ampliación de traspasos del Iryda, un laboratorio de sanidad animal, la ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual, la expedición de títulos académicos y profesionales, las enseñanzas náuticas y subacuáticas deportivas y el depósito del Archivo de Cervera. La Generalitat ha rechazado la transferencia del Senpa para seguir negociando las condiciones en que se efectuará. También queda sobre la mesa el Archivo Provincial de Barcelona.

Los nacionalistas catalanes consideran esta reunión como un test de la voluntad del Ejecutivo para cumplir los pactos acordados entre Felipe González y Jordi Pujol sobre impulso autonómico, y desean que en las próximas semanas se materialicen nuevos acuerdos. La Generalitat planteará hoy que la comisión mixta vuelva a reunirse en junio o a más tardar en julio para seguir avanzando.

Este segundo paquete, cuyo límite fija Pujol en el mes de septiembre y el Gobierno central tenía previsto para las Navidades, abarca temas pendientes como el tráfico, el personal de la Administración de Justicia, las políticas activas del Instituto Nacional de Empleo, la formación ocupacional y la gestión de la Seguridad Social, y los puertos.

Pujol rechaza "gato por liebre"

Pujol no quiere que la negociación de nuevos traspasos se sola pe con la de los presupuestos de Estado para 1996, para evita dar la imagen de que existe u trueque a cambio del apoyo de CIU al Gobierno en materia presupuestaria.

El presidente catalán tampoco está dispuesto a que el Gobierno le dé largas con la esperanza de garantizar así el apoyo parlamentario en años sucesivos Pujol declaró ayer que no quiere que el Gobierno le vaya entreteniendo, que le de "gato por liebre" o, utilizando un símil taurino, "una larga cambiada". También se quejó de que el Gobierno da la impresión de ir descoordinado y sin dirección, lo que le impide cumplir sus compromisos. Según la Generalitat, González se comprometió ante Pujol a dos paquetes de transferencias en abril y en septiembre, que incluían la competencia de tráfico para los Mossos d'Esquadra, no prevista en el Estatuto de Cataluña.

La petición del adelanto de las fechas de este segundo bloque de traspasos por parte de la Generalitat ha permitido al portavoz de IU-IC, Rafael Ribó, calificar de "chantaje" la petición de la Generalitat. Ribó lo atribuye al "nerviosismo" de Pujol ante unas posibles elecciones anticipadas que otorguen al PP la mayoría absoluta.

A juicio de Ribó, "Pujol teme que Aznar consiga la mayoría absoluta y que su papel sea inservible". "Pujol quiere salvar la fachada autonómica de su gestión y esconder, al mismo tiempo, los efectos negativos del modelo que defiende en materia laboral y social", añadió.