Todos los funcionarios a las órdenes de Vera cobraban sobresueldos de los fondos reservados

Carmen Lobo, adjunta a Juan de Justo, secretario personal de Rafael Vera, reconoció ante el juez Baltasar Garzón que todos los funcionarios destinados con Rafael Vera en la Secretaría de Estado de Seguridad recibían mensualmente una gratificación de entre 20.000 y 60.000 pesetas. La funcionaria del Ministerio del Interior aseguré ignorar de qué partida presupuestaria procedía este dinero, pero,explicó que lo recibían en metálico y en sobre cerrado con membrete oficial. Para Garzón, no hay duda del origen de este dinero ni tampoco de que el testimonio de Lobo demuestra el pago generalizado de sobresueldos con cargo a los fondos reservados en Interior, que investiga el juzgado número 43 de Madrid.

Carmen Lobo, con categoría de auxiliar administrativa, fue destinada a la Secretaría de Estado de Seguridad en 1987, cuando se creó, como adjunta a Juan de Justo, secretario personal de Rafael Vera. Anteriormente, había trabajado a las órdenes del propio Vera en la Subsecretaría del ministerio.Según la declaración que prestó el pasado 3 de marzo ante el juez Baltasar Garzón, Carmen Lobo "comenzó obteniendo una gratificación [mensual] de 20.000 pesetas y acabó siendo de 60.00". El dinero se lo entregaba su jefe, Juan de Justo, en sobre blanco cerrado con membrete de la Secretaría de Estado.

La funcionaria de Interior declaró que "no sabe qué cantidades se entregaban a los cargos superiores por encima de ella y lo único que puede decir es que, [para] el personal de la Secretaría, las gratificaciones estaban entre 20.000 y 60.000 pesetas aproximadamente". Esta declaración dio pie a Garzón para afirmar, en el auto de procesamiento de los inculpados por el caso GAL, que "en forma generalizada se pagaban sobresueldos [con cargo a los fondos reservados] a diferentes personas y responsables administrativos del Ministerio del Interior".

El propio Garzón admitía en su auto del pasado 18 de abril que por estos hechos "se siguen otros procedimientos en diferentes juzgados", por lo que no profundizó en las manifestaciones de Carmen Lobo, que previsiblemente serán remitidas a la titular del juzgado de intrucción número 43 de Madrid, María Jesús Coronado, que investiga la denuncia del PP sobre pago de sobresueldos con fondos reservados de Interior.

Tres testimonios

Hasta ahora, sólo se conocían tres testimonios sobre esta práctica presuntamente ilegal. En primer lugar, el del propio ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, quien declaró el pasado 8 de marzo ante Garzón que cobró 400 millones de sobresueldo de los fondos reservados durante su etapa en el Ministerio del Interior y que lo mismo hicieron sus superiores. La declaración de Roldán estaba mediatizada, sin embargo, por el hecho de que intentase justificar su incremento de patrimonio.

El inspector jefe Francisco Javier Garrido Sotelo, actualmente destinado en el Servicio de Vigilancia Aduanera, admitió también que durante los 18 meses que estuvo en la Secretaría de Estado de Seguridad, como jefe de la sección de Extranjería, recibió cada mes "un sobre conteniendo siempre la misma cantidad: 40.000 pesetas". Por último, la doctora Inmaculada Sánchez presentó la pasada primavera una demanda en magistratura reclamando el sobresueldo que cobraba de la Secretaría de Estado y que dejó de percibir en noviembre de 1993, tras el relevo de Corcuera por Asunción al frente del ministerio.

En su declaración ante Garzón, Carmen Lobo reconoció también que fue ella la que recomendó a su ginecólogo, Eduardo García Carvajal, para que atendiera a las esposas de José Amedo y Michel Domínguez, María Ángeles Acedo y Alicia Sánchez, a quienes realizó sendas operaciones que costaron 603.000 y 300.000 pesetas, respectivamente. Fue Juan de Justo, según su antigua secretaria, "quien se encargó de resolver las intervenciones de las dos". Ella se limitó a llevar un "sobre cerrado" al instituto ginecológico, cuyo contenido aseguró desconocer.

También reconoció que en alguna ocasión entregó a las esposas de los ex policías, entonces encarcelados por su implicación en el caso GAL, "sobres cerrados", como los que ella recibía con su sobresueldo, aunque "casi siempre era Juan de Justo quien se encargaba de recibirlas y de hacerles directamente la entrega". Las mujeres visitaban la Secretaría de Estado mensualmente, "a principios de mes o a mediados", y también alarnaban reiteradamente por teléfono".