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Una abolición tardía

La pena de muerte ha quedado suprimida a todos los efectos en España. Se cumple así una histórica reivindicación que el PSOE abanderó durante el debate constitucional, pero a la que tristemente renunció en 1984. Cuando en 1978, al redactarse la Constitución, se dejó abierta la posibilidad opcional de mantenerla en la jurisdicción castrense para tiempos de guerra, Felipe González rechazó la ambigüedad diciendo que, si llegaba a gobernar, la suprimiría del Código Militar. Su abolición total era una vieja reivindicación no sólo de la izquierda, sino también de la mayoría de las fuerzas democráticas al haberse servido de ella tantas veces el poder político para acabar con adversarios tan distintos como el pedagogo Ferrer i Guàrdia, en 1909; el líder comunista Julián Grimau, en 1963, o el anarquista Salvador Puig Antich en 1974.Pero en 1984, cuando, con mayoría absoluta, remitió a las Cortes el proyecto del Código Penal Militar, el Gobierno socialista la estableció con carácter optativo para una larga lista de figuras delictivas, algunas referidas a actos cometidos por civiles. Ello causó consternación entre las asociaciones de defensa de los derechos humanos y, mientras los parlamentarios del PP se manifestaban conformes, muchos parlamentarios del propio PSOE enrojecían en privado tras reconocer que el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, la había incluido por la presión de la cúpula militar.

Cuatro años más tarde, al presentarse a las Cortes la Ley Procesal Militar, el texto gubernamental establecía un escandaloso procedimiento sumarísimo que negaba el recurso de casación a los condenados a muerte. Pero, dada su inconstitucionalidad y ante las críticas al evocar los antiguos consejos de guerra, fue enmendado en el Senado.

Desde 1985, el PNV, CiU, el CDS e IU presentaron diversas iniciativas para eliminarla también en tiempos de guerra, pero eran rechazadas con los votos del PSOE y el PP. En junio de 1991, ante una proposición del CDS, el Grupo Socialista perdió ya el apoyo del PP, que decidió abstenerse- Y en noviembre pasado, tras la aprobación por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de una recomendación instando a la total abolición y al debatirse en el Senado una, proposición no de ley del PNV en tal sentido, el PP, tras una encendida defensa de la vigencia de la máxima pena por el titular de Defensa, Julián García Vargas, se alineó ya con los nacionalistas vascos. Por ello el PSOE reaccionó días más tarde presentando la proposición de ley ahora aprobada.

Lo importante es que la pena de muerte ha sido eliminada. Pero no deja de ser una paradoja que este paso, de gran trascendencia ética y significación política, que los socialistas no quisieron dar con aplastante mayoría lo den ahora no tanto en cumplimiento de un compromiso histórico o de una recomendación europea, sino por el cambio de talante del PP.

Xávier Rius Sant es experto en temas de seguridad y defensa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 25 de abril de 1995.

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