Conde desoyó la auditoría interna que detectó compraventas irregulares de Garro

La ampliación de la querella contra el ex director general de Banesto Fernando Garro -que EL PÁIS resume por primera vez desde su presentación por la fiscalía de la Audiencia Nacional, el 3 de marzo- revela que los hechos ]presuntamente irregulares "fueron investigados por la subdirección general de la auditoría interna de Banesto y como fruto del mencionado estudio se emitió un informe en fecha 8 de enero de 1992". Sin embargo, las averiguaciones cayeron en saco roto. Garro era uno de los hombres del círculo íntimo de Con de. Un portavoz de Banesto confirmó que el banco se personará de forma inmediata en el sumario.

La auditoría, dedicada a la situación del área de inmovilizado del banco, detectó que entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 se habían adquirido- una serie de inmuebles contabilizados a través de seis operaciones en 2.996,4 millones de pesetas, aunque el precio, según las escrituras de compraventa, fue de 997 millones, más 337,5 millones pagados por la cesión de una opción, y 29,4 millones por IVA: 1.363,9 millones. -La diferencia entre lo contabilizado y lo pagado -1.632 millones- no presentaba ninguna jus tificación. Los cheques correspondientes a pagos de las seis operaciones, cuyos vendedores no te nían ninguna relación, se compensaron por dos oficinas del Banco de Comercio, lo que hacía sospechar que una misma persona había recibido parte del importe en el que el banco contabilizó la adquisición del inmueble. Según la auditoría interna, los cheques de Banesto eran al portador y "en las seis operaciones de compra, uno o más cheques, siempre relativos al importe no escriturado, han sido compensados a través de dos urbanas de Madrid de Banco de Comercio, circunstancia especial mente significativa si considera mos que se trata de vendedores diferentes incluso residentes en distintas localidades". Los cheques alcanzan la cifra de 1.447,5 millones.

La ampliación de la querella, admitida a trámite por el juez Manuel García-Castellón, narra una por una de las seis operaciones: finca propiedad Pinar el Rey, calle Mesena; locales para almacén-archivo, en la calle Fundadores 9; locales en la calle Mesejo "para necesidades de almacén del banco"; finca para almacenes en la calle López de Hoyos; tres naves para almacenes en San Fernando de Henares" Madrid, calle Zamora s/n; naves en Azuqueca de Henares, Guadalajara, para almacén de mobiliario y enseres.

Hasta ahora, sólo había trascendido una de las operaciones, la más importante, relacionada con las naves de Azuqueca de Henares. Según narra la querella, el precio que se solicitó a Banesto era de 730.300.000 pesetas, sin IVA. El 5 (de diciembre de 1990 se procedió a celebrar el contrato de compra-venta con los administradores solidarios de la empresa Nercu, que Vendió a Banesto cuatro fincas, abonándose 364.470.958 pesetas, mediante cheques nominativos: 260.446.341; 11.145.495 y 92.879.122. "Al igual que en los otros supuestos -dice la querella- se emitieron por parte de Banesto varios cheques más y en concreto en esta operación, cuatro por los siguientes importes: 168.000.000, 95.200.000, 156.800000 y 30.000.000. Estos fueron hechos efectivos mediante compensación en el Banco de Comercio, como todos los demás, por lo que la cantidad total abonada por Banesto en esta operación de adquisición. de naves, al añadir la suma de 450 millones, ascendió a 636.339.000 pesetas".

¿Quiénes y por qué concepto cobraron las cantidades citadas? L a querella señala que 156.800.000 pesetas fueron abonados a la empresa Cimentaciones y Estructuras (CIMECON) por una factura remitida el 30 de noviembre de 1990 a Banesto por el "estudio y análisis de la infraestructura de los polígonos y zonas industriales anejas a las nuevas rutas de distribución, efectuado durante el año 1990". El pago de 168 millones fue abonado por Banesto a la empresa Cimentaciones Madrileñas (CIMASA) por la factura de 30 de noviembre de 1990 relativa a "estudios de racionalización de los distintos almacenes de Madrid, efectuados durante el año 199W. Esta empresa, CIMASA, cobró otra factura de 95.200.000 pesetas en la misma fecha antes citada por "estudios de distribución y planificación de nueva nave efectuada en el año 1990". Los restantes 30 millones son un misterio: no consta a quién se les abonó.

Tanto las facturas de la operación Azuqueca de Henares como las relativas a las otras compraventas fueron pagadas con la autorización de una misma persona: llevan el visto bueno del entonces director general de Servicios e Inmobiliario, Fernando Garro.