La saciable codicia de los 'barones'

, Los presidentes de Castilla-La Mancha, José Bono, de la Comunidad Valenciana, Joan Lerma, y de Murcia, María Antonia Martínez, acordaron y redactaron el apartado dedicado al agua en el programa autonómico del PSOE para la próxima campaña electoral. El hecho era insólito en los usos de la dirección federal socialista. Muy al contrario, hace unos años el entonces secretario de Organización, Txiki Benegas, instó al presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, a que no pusiera en marcha la televisión autonómica.Una sugerencia de este tipo -por cierto eludida por Leguina- sería impensable hoy, del mismo modo que entonces era increíble que los conflictos del agua y las Hoces del Cabriel entre dos presidentes socialistas y el Ministerio de Obras Públicas tuvieran que ser dirimidos por los tribunales ante la incapacidad de arbitraje de la dirección federal del PSOE.

El propio Felipe González pidió expresamente a los redactores del programa socialista que insistieran en la garantía de la cohesión territorial, una bandera que el PSOE teme perder y en cuya defensa ya se ha sacrificado a una víctima: el ministro José Borrell. Su proyecto de vertebración territorial, a través de una red de carreteras y un plan hidrológico nacional, ha sufrido los embates de gobiernos nacionalistas y regionalistas, algunos de ellos gestionados bajo el emblema de su propio partido.

A fin de cuentas, la ordenación territorial es un poder que ya administran las comunidades autónomas, y muchos de sus presidentes han convertido su confrontación con Obras Públicas en bandera política, a falta de un hecho diferencial con el que cuentan otras comunidades como Cataluña y el País Vasco.

El peso creciente de los barones ante el Gobierno y la dirección federal socialista es indudable, y se ha consolidado durante la última legislatura autonómica. Algunos presidentes autonómicos -José Bono o Juan Carlos Rodríguez Ibarra- son más conocidos que muchos ministros porque han conseguido que, a través de ellos, la voz de su región suene en España. "Ahora existimos como región. Antes, sólo se acordaban de nosotros para las, crónicas de sucesos", dijo con orgullo el presidente extremeño Rodríguez Ibarra en el debate sobre el estado de las autonomías, celebrado el pasado mes de septiembre en el Senado.

Doce presidentes autonómicos se presentan a la reelección en las trece comunidades de vía lenta en que hay convocadas elecciones el próximo 28 de mayo: todas, salvo Andalucía y las tres históricas (Cataluña, Galicia y Euskadi), que celebran sus elecciones por separado. El único que no intenta repetir mandato es el aragonés José Marco, que debe responder ante los tribunales de las acusaciones de co rrupción. Algunos presidentes concurren a las urnas por cuarta vez, como Bono, Rodríguez Ibarra o Lerma.

La crisis en la cúpula del PSOE hace cuatro años permitió aflorar a los barones. Su entrada con fuerza en la escena política era inevitable, ya que su poder se fundamenta, tras el proceso, de descentralización español, en un presupuesto de siete billones y medio, la tercera parte de los Presupuestos Generales del Estado sin contar la Seguridad Social.

Este poder está en su plenitud con la traslación del poder de la región al partido. El peso de los secretarios regionales que son presidentes autonómicos es indiscutiblemente mayor ante la cúpula federal del PSOE que el de los que no lo son. Los presidentes autonómicos y secretarios regionales Lerma, Bono o Rodríguez Ibarra cuentan más que un secretario regional por muy lúcido que sea, como el de Castilla y León, Jesús Quijano, que se encuentra en la oposición. Del mismo modo, los presidentes autonómicos con mayores po sibilidades de ganar s elecciones reafirman su identidad regional y advierten ue su campaña electoral va a cenarse en el territorio. Es el caso de los socialistas Bono y Rodríguez Ibarra. El asturiano Antonio Trevin cuenta también con posibilidades. El panorama se le presenta más sombrío a otro histórico, el valenciano Lerma, y quienes lo tienen difícil son el riojano José Ignacio Pérez Sáenz, la murciana María Antonia Martínez, el nuevo candidato aragonés Marcelino Iglesias y el madrileño Joaquín Leguina. El discurso de los presidentes socialistas más caracterizadamente regionalistas, los más asentados, se diferencia cada vez menos del de sus homólogos del Partido Popular. Este hecho Preocupa bastante en la dirección federal del PSOE, que teme que la identidad de mensaje se reafirme más si, tras las elecciones, quedan sólo tres o cuatro presidentes autonómicos socialistas.

El énfasis del presidente castellano-leonés, Juan José Lucas, del PP, en su defensa del archivo de Salamanca o la denuncia del deterioro de la catedral de Burgos frente al apoyo económico al Liceo de Barcelona, se diferencia bien poco del discurso reivindicativo extremeño frente a Cataluña, que en el pasado hacía el socialista Rodríguez Ibarra, o que hoy hace Bono de los espacios naturales y el agua en Castilla-La Mancha. En el territorio de la derecha, el panorama no es del todo halagüeño. Se plantea de forma muy grave en Cantabria, donde Juan Hormaechea sigue arrebatando el espacio político del PP; o en Navarra, donde la escisión de la UPN, encabezada por el presidente Juan Cruz Allí, hace de la derecha navarra un reino de taifas. No obstante, la corriente electoral favorable de que goza el PP va a frenar previsiblemente el ascenso de los partidos regionalistas allá donde se manifestaban con más fuerza: Aragón y la Comunidad Valenciana. Los últimos cuatro años han consolidado al presidente castellano-leonés, Juan José Lucas, como la punta de lanza autonómica del PP, frente a un Fraga cada vez más aislado en su enclave gallego. Los populares apuestan por arrebatar a los socialistas las comunidades de Murcia, La Rioja, Madrid, Aragón e incluso la emblemática Comunidad Valenciana, consolidando Baleares y Castilla y León.