Garzón: Interior creó y pagó a los GAL

Los GAL fueron una banda armada dedicada a actividades terroristas que fue creada y pagada por el Ministerio del Interior. Rafael Vera, uno de los máximos responsables del departamento desde 1983 a 1994, malversó fondos públicos para su financiación y tuvo participación en la detención ilegal de Segundo Marey. Así lo afirma el juez Baltasar Garzón en el auto hecho público ayer, por el que procesa a los 14 inculpados en el sumario del caso GAL. El juez acusó al ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal y al ex dirigente socialista Ricardo García Damborenea de crear la banda, aunque a este último y al ex secretario de Vera, Juan de Justo, los puso en libertad bajo fianza de 25 millones de pesetas. El magistrado impuso fianzas por responsabilidad civil que totalizan 1.440 millones.

Baltasar Garzón basa la mayoría de las acusaciones en los testimonios de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados en su día a 108 años de cárcel por su participación en los crímenes de los G,AL, y ahora procesados por pertenencia a banda armada, detención ilegal y delito continuado de malversación de fondos públicos. No obstante, el juez destaca la "intensa y activa" colaboración de Amedo y Domínguez, por lo que considera que ambos deben continuar en libertad.En los 75 fólios que ocupa el auto de procesamiento, el magistrado considera que los GAL fueron una "banda armada" creada en 1983 por el ex director general para la Seguridad Julián Sancristóbal y por Ricardo García Damborenea, junto a los policías Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo.

El instructor del caso afirma que esta banda respondió "a la muy intensa actividad de la organización terrorista ETA Militar 'con sus mismas armas' (asesinatos, detenciones ilegales, etcétera), todo ello al margen de los medios legales y legítimos del Estado".

El magistrado afirma, que los GAL se financiaron con fondos reservados, cuya gestión corres pondía al entonces director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera. Garzón acusa a Vera de un delito de malversación y otro de cooperación necesaria en la de tención ilegal de Segundo Marey, así como dos de malversación continuada por los pagos mensuales de entre 450.000 y 600.000 pesetas a las mujeres de Amedo y Domíngpez, y por los pagos fraccionados de 200 millones atada uno de los ex policías. El objetivo era, según Garzón, "conseguir el silencio de los dos iniputados" y "pagarles los servicios prestados, so pretexto de que han actuado bajo el manto y con la justificación de la razón de Estado". Por todos estos delitos, el magistrado estima que la eventual condena de Vera podría ser de hasta 105 años de cárcel, Por lo que decide que siga encarcelado.