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LOS PROCESAMIENTOS DEL CASO GAL

IU exige al Gobierno que asuma su responsabilidad, mientras el PP califica el auto de decisión "gravísima"

Los partidos de oposición reaccionaron ayer de forma muy similar ante el auto de procesamiento dictado por el juez Baltasar Garzón contra 14 personas por el caso GAL. En los extremos del arco parlamentario, la derecha representada por el PP y la izquierda por IU coincidieron prácticamente en sus análisis. Izquierda Unida exigió al Gobierno que asumiera sus responsabilidades y el PP calificó de "gravísima" la decisión judicial. El PNV habló de que el proceso adquiere dimensiones de crimen de Estado y los socialistas exigieron la presunción de inocencia para los acusados.

El diputado popular Federico Trillo calificó de gravísimo que los que fueran máximos responsables de la seguridad del Estado hayan sido inculpados formalmente "de haber organizado y fundado una banda criminal, una banda terrorista". Trillo explicó que el PP estudiará con todo detenimiento el pronunciamiento de Garzón, pero, aunque le parecía una "decisión gravisima", sus consecuencias, aclaró, "sólo podremos valorarlas cuando conozcamos en su integridad los fundamentos del auto".También el diputado de IU Diego López Garrido criticó con dureza al Gobierno, que "no puede demorar más tiempo la asunción de responsabilidades políticas por el caso GAL ". López Garrido afirmó que la decisión de Garzón "representa un importante paso cualitativo" en la investigación, porque "significa que se han hallado indicios razonables de que pueden haberse cometido delitos de enorme gravedad".

En su opinión el Ministerio de Justicia e Interior no puede seguir en una actitud que califica de obstrucionista hacia los jueces y, en concreto, hacia el que ha instruido este caso. "Tienen que acabar con su hostilidad hacia Garzón y colaborar con él", dijo.

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Iñaki Anasagasti, advirtió ayer que "el proceso adquiere ya una dimensión de crimen de Estado". El diputado vasco añadió que aunque estamos en los inicios de la investigación, esto no es un tema menor, sino de gran envergadura política que incluso supone una quiebra del joven estado democrático español". Respecto a la libertad bajo fianza para Juan de Justo y Ricardo García Damborenea, aclaró que cuando su partido habla de creer en la Justicia "lo dice con todas las consecuencias". "En este caso, pensamos que el juez habrá encontrado evidencias suficientes para dejarlos en libertad".

El PSOE, por boca del presidente de su grupo parlamentario, Joaquín Almunia, reiteró su confianza en que la sentencia resulte absolutoria y aseguró que el partido socialista sería garante del derecho a la presunción de inocencia de los acusados. "El PSOE", dijo Almunia, "respeta las actuaciones de los jueces y la independencia del Poder Judicial. Este principio también lo aplicamos sobre el auto dictado por Garzón".

Almunia expresó su convencimiento de que "nadie debe ser condenado antes de ser juzgado y, por tanto, cualquier valoración sobre la realidad de los delitos de que se acusa a las personas implicadas tienen que tener presente que esa valoración corresponde a los jueces".

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista subrayó: "Este principio es particularmente importante cuando se trata de personas que han estado muchos años en la lucha contra el terrorismo".

El secretario general de los socialistas vizcaínos, Nicolás redondo Terreros, calificó ayer de muy positiva la noticia de la libertad decretada por Garzón para De Justo y Damborenea, aunque matizó que "Ricardo García Damborenea no se ha hecho millonario con la política e incluso pasó penurias en algún momento, por lo que su fianza parece excesiva".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de abril de 1995

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