Diez años sin nombres

José Ignacio Zabala Artano y José Antonio Lasa Aréstegui desaparecieron en la madrugada del domingo 16 de octubre de 1983 en Bayona (Francia). Tenían 20 y 22 años, respectivamente.El 20 de enero de 1985, un cazador descubrió unos restos humanos en una fosa de Busot (Alicante). Los cadáveres, enterrados bajo cien kilos de cal viva, no pudieron ser identificados. En febrero de ese año, el forense Antonio Bru Brotons dictaminó que los cuerpos presentaban indicios de torturas y muerte violenta, y que uno de ellos, el de Zabala, tenía un tiro en la nuca. Se pensó en un ajuste de cuentas entre delincuentes internacionales.

Diez años después, en enero de 1995, el inspector Jesús García García, jefe de la unidad policial adscrita a los juzgados de Alicante, relacionó las nuevas declaraciones de Amedo y Domínguez sobre el caso GAL con los cadáveres que aún se conservaban en el depósito de Alicante. Informó de sus investigaciones a Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional, quien contactó con Íñigo Iruin, abogado de las familias Lasa y Zabala. A petición de éstas, el forense donostiarra Francisco Echeberría Gabilondo realizó una segunda autopsia, que confirmaba que los cuerpos correspondían a los de Lasa y Zabala, y que ambos jóvenes habían sido asesinados a tiros.