Privatizar para ganar fuerza

GOBIERNO Y oposición parecen confiar en la venta de empresas públicas como una de las vías más rápidas para sanear las finanzas públicas. Más allá de la verosimilitud de las cifras manejadas por unos y otros como potenciales ingresos derivados de esas operaciones, en ningún caso parecen tomarse en consideración otros aspectos estrechamente asociados a esas transferencias de activos públicos. En términos generales es cuestionable que el Estado tenga que ser propietario de empresas en sectores sujetos a la competencia, a la luz de la mayor eficiencia que exhiben las empresas privadas. Pero lo es aún más en las circunstancias por las que discurre actualmente la competencia empresarial, dominada por un amplio proceso de internacionalización e integración económica que deja obsoletas las motivaciones que en su día pudieron amparar el mantenimiento de la titularidad pública en algunas empresas.Pero nada de esto impide que el proceso de venta de activos públicos se haga en las mejores condiciones posibles. La trascendencia de las decisiones que se están planteando, la propia coherencia con el requerido fortalecimiento de la conciencia fiscal de los ciudadanos, exige que el Gobierno confiera máxima transparencia a esas ventas del patrimonio de todos los españoles.

Una primera cuestión remite necesariamente a los, objetivos de las privatizaciones. ¿Se trata sólo de anticipar ingresos futuros para tapar agujeros presupuestarios, o se persigue también el fortalecimiento competitivo de las empresas dando entrada en el capital y en la gestión a socios con ventajas añadidas a la mera aportación de recursos financieros? Tras las ventas de acciones de empresas públicas, ¿en qué mejoran éstas? Si uno de los problemas típicos que se tratan de resolver con las operaciones de privatización es la mejora de la gestión de esas empresas, ¿en qué varía tras la venta de acciones la relación entre los propietarios y los gestores?

Tras la controvertida experiencia de otros países, ¿se persigue únicamente la, difusión de la propiedad de algunas empresas entre los ciudadanos para configurar una suerte de capitalismo popular? Justifica esa pretensión el coste en el que se incurre frente a otras alternativas? ¿Se han buscado socios que fortalezcan las empresas, por su aportación tecnológica o por su posición en el mercado mundial?

Si necesario es que el conjunto del sistema empresarial y, con él, la economía española salgan fortalecidos, no lo es menos vender bien: que la suma obtenida hoy compense suficientemente los ingresos futuros que se dejarán de percibir en concepto de beneficios. ¿Cómo ha de interpretarse un exceso de demanda de acciones de empresas sujetas a privatización como el que ha vuelto a poner de manifiesto la colocación de Repsol? ¿Es la facilidad y rapidez con que se venden activos públicos sinónimo de que se ha conseguido un buen resultado para los intereses generales? Como el sentido común y un reciente informe de la OCDE aconsejan, sólo si esa suma es superior al valor actual de los dividendos futuros de la compañía la privatización aumentará la riqueza del Estado y la solidez presupuestaria a medio plazo.

Si las consideraciones anteriores son relevantes, especialmente para las ventas de empresas que son rentables, todo proceso de privatización, aun cuando lo inspiren exigencias de saneamiento presupuestario, ha de contemplar igualmente el destino de aquellas otras unidades empresariales incapaces de generar beneficios y que constituyen una carga para los contribuyentes. Es aquí donde se pone de manifiesto que las razones últimas de todo proceso privatizador no sólo han de ser la generación de ingresos inmediatos, más o menos importantes, sino la mejora de la eficiencia del conjunto de la economía.

No faltan razones para el escepticismo respecto al grado de reflexión con que ha sido diseñado este proceso de privatizaciones. Sería nefasto que sólo trajera pan para hoy y hambre para mañana, bien porque no se venda en el momento más propicio, porque se haga a precios poco ventajosos para el patrimonio público o, quizá más grave, porque no se mejore la competitividad de las empresas ni se eliminen las condiciones estructurales que han determinado el actual deterioro de las finanzas públicas españolas. De todo ello es necesario que los representantes de los ciudadanos tomen conciencia antes de malvender, o hacerlo apresuradamente, lo que en todo caso. debe venderse.