El 'caso Crillon'

LA ADMISIÓN a trámite por el Supremo de la denuncia de Luis Roldán sobre el informe Crillon abre, en principio, un nuevo frente judicial en el mismo núcleo del Gobierno. Dos de sus miembros han sido acusados por un antiguo subordinado, hoy encarcelado bajo acusación de numerosos delitos, de encargar y pagar con fondos reservados la elaboración de un informe sobre las actividades de Mario Conde.Se trata de dilucidar, en primer lugar, si existió tal encargo, como asegura el denunciante. Pero también de establecer si es un delito o no, si están o no los poderes públicos legitimados en un Estado democrático para investigar las actividades de ciudadanos sospechosos de poner en riesgo la economía, el sistema financiero o las instituciones políticas del país. Si pueden para ello utilizar empresas privadas al margen de los servicios de información. Y pagar a éstas con fondos reservados cuya finalidad es precisamente cubrir gastos de actividades cuya transparencia presupuestaria pueda poner en peligro sus objetivos.

En este caso se trata de Mario Conde con su aventura de Banesto. Desde ayer, otro ilustre acusado, Javier de la Rosa, tras sus andanías en Ercros, Grand Tibidabo y un largo etcétera, denuncia que también él ha sido objeto de un informe similar encargado por miembros del Gobierno. Ambos casos tienen en común sus innumerables irregularidades financieras, oscuras relaciones con centros de poder en el exterior y su nada disimulada ambición de ejercer influencia directa o por mediadores en la vida pública. Una mejor y más puntual información de los poderes públicos -no los espectaculares rumores que sobre estos personajes, durante estos años, han asediado la estabilidad política o financiera- sobre tales actividades hubiera paliado tal vez los daños causados tanto a las arcas del Estado como a un sinfín de particulares.

La admisión a trámite de esa denuncia supone la puesta en marcha de la maquinaria judicial que ha de establecer, primero, si los hechos denunciados son o no ciertos y, en su caso, si constituyen delito. Ni más, ni menos. Sí indica que el Supremo no considera ni ridículos, ni absurdos los términos de la denuncia. Pero no prejuzga nada, por mucho que algunos de nuestros exégetas mediáticos, vinculados en el pasado tanto a Conde como a De la Rosa, vociferen. casi una condena en curiosa identificación y defensa de la interesada denuncia de Roldán. Mal podría prejuzgar el Supremo cuando ni la propia existencia del informe Crillon está judicialmente verificada. En todo caso, el Supremo tiene que vérselas con una denuncia nada corriente. Las denuncias de gentes como Roldán o Amedo tienen poco que ver con lo que se entiende normalmente como colaboración con la justicia. Y en esas circunstancias es muy difícil distinguir la verdad de la mentira, la difamación de la autodefensa del denunciante. Porque está probado que Roldán ha mentido infinidad de veces. Tendrá que demostrar que dice la verdad ahora.

La cosa se complica todavía más cuando alguien como Mario Conde, incurso en un proceso por falsedad y estafa, se persona en la causa y pretende figurar en ella como víctima y presunto perjudicado. Ello explica el tacto con que ha actuado hasta ahora el Supremo y la prudente estrategia adoptada por el ministerio fiscal. Este último no ha solicitado la declaracion de los denunciados -Serra y García Vargas-, sino la de personas que podrían estar próximas a los hechos y, "como imputado", la de Roldán. Cualquiera que sea la última decisión judicial, Roldán ha denunciado unos hechos presuntamente delictivos en los que admite haber participado. Difícilmente puede declarar como testigo quien podría verse acusado de responsabilidades penales en el mismo caso. Roldán sólo podría, por tanto, declarar como imputado y en presencia de su abogado. Hoy por hoy, es en todo caso el que más riesgos corre con su denuncia.

Cualquiera que sea el desenlace del caso Crillon en el terreno judicial, el episodio debería servir para que el Parlamento busque la manera de controlar en cierta forma la actividad de los servicios de espionaje y de información del Estado, en la misma línea, de lo que sucede en países de tanta raigambre democrática como EE UU y el Reino Unido. En su comparecencia en el Congreso para desmentir la implicación del Cesid en intentos de involucrar a los Gobiernos de UCD en la guerra sucia contra ETA, el ministro de Defensa ha reconocido la dificultad que plantea el "control político" de los servicios secretos.

Es la ocasión de superar esa dificultad con un seguimiento parlamentario que sea compatible con la naturaleza de por sí secreta de tales actividades. Como ha sucedido con los fondos reservados. El mal uso de éstos ha propiciado que lo que parecía poco menos que contradictorio sea hoy una realidad: su control parlamentario. Lo mismo cabe exigir en el caso de los servicios de información del Estado. Y no es necesario crear ninguna nueva comisión parlamentaria. Ya existe la comisión de secretos oficiales que controla, con las debidas cautelas, el uso de los fondos reservados.