Contra la inmunidad del poder

El huracán de críticas que se ha llevado por delante el intento vergonzante del Gobierno de ampliar el fuero procesal de sus miembros más allá de su mandato, no lo ha originado la maldad de la oposición o la "conspiración" contra el Presidente. Ese anteproyecto fugaz era una idea frente a la historia, y, por tanto, incomprensible para la cultura contemporánea.Cuando la tríada de poderes (Legislativo, Ejecutivo, Judicial), se conformó en la historia constitucional, era imprescindible un plus de protección. Se empezó por el más débil, el más joven, el más necesitado de blindaje frente al Rey absoluto: el Parlamento. La inviolabilidad (no persecución por la emisión de votos y opiniones) y la inmunidad (prohibición de detención de diputados) fueron, efectivamente, prerrogativas imprescindibles en la Inglaterra de Jacobo I y Carlos I para que el Parlamento moderno pudiera nacer. Era la única forma de que diputados como John Eliot no fueran encerrados en la Torre de Londres por un Rey poderoso e inviolable él también. El Congreso nortemaericano, sin un Rey al que temer, elaboró la cláusula de Speech or Debate y el privilegio de los cogresistas de no ser arrestados durante las sesiones de las Cámaras y en los tiempos de ida y vuelta a éstas (art. 1.6 de la Constitución), para que el principio de la separación de poderes se consolidase. La institución de la inviolabilidad en la Francia revolucionaria nació en 1789 para que los jueces del Antiguo Régimen no pudieran boicotear la naciente Asamblea.

En cuanto al Gobierno responsable, en todos los países europeos empezó a necesitar de fueros especiales cuando reemplazó al Rey irresponsable en el vértice del Ejecutivo. Así surgieron los fueros ante Altos Tribunales para procesar a ministros, como una especie de justicia política.

En todos estos privilegios, prerrogativas o fueros procesales de los poderes hay un punto en común: evitar que el juez natural investigue y juzgue supuestos delitos,

o sea, distanciarse de la ley que se aplica a cualquier ciudadano. Significa un juicio preliminar al juicio de la magistratura. Como decía Ríos Rosas refiriéndose al suplicatorio y al fallo del Congreso de los Diputados, éste es "el de un jurado que examina el delito antes que se examine en el orden judicial".

Las inmunidades del poder democrático han perdido hoy casi todo su sentido porque la separación de poderes no se discute y la independencia judicial tampoco.

Además, es que, en la realidad, la supuesta defensa de los poderes frente a ataques políticos es también de naturaleza meridianamente política. Los acuerdos de las Cámaras cuando aprueban o se oponen a un procesamiento de un parlamentario son políticos, se adoptan por razones políticas, y nada tiene que ver con el derecho. De ahí los abusos que se cometen cotidianamente contra la igualdad ante la ley. Por su parte, la exigencia de responsabilidad penal a los ministros tiene un sentido político. Lo advertía sabiamente Benjamín Constant en su Curso de Política Constitucional. "Se trata mucho más de separar del poder a los ministros prevaricadores que de castigarlos". Es sabido que el célebre impeachment nació en el reinado de Eduardo III de Inglaterra (año 1376) para derribar a ministros, y obligar al Rey a cambiar su política, o sea, a perder parte de su poder. Cuando la responsabilidad política ha sucedido a la penal, el fuero procesal del Gobierno pierde su raison d'étre.

En España tenemos hoy una de las legislaciones más acorazadoras del poder frente al imperio de la ley igual para todos. Los diputados y senadores están defendidos por una inmunidad que conduce a decisiones rigurosamente arbitrarias de las Cámaras ante peticiones de suplicatorios. Y un fallo negativo lleva al sobreseimiento libre, es decir, a la total impunidad, porque así lo dicen el art. 7º de la Ley de 1912 y el art. 754 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dos preceptos clamorosamente inconstitucionales. Como lo son los Reglamentos de las Cámaras cuando mantienen el silencio negativo para el suplicatorio. Es una norma que sonroja, cuando en Alemania se ha optado por acceder sistemáticamente a todo suplicatorio, vaciando de contenido al viejo privilegio. Entre nosotros, por el contrario, se llegó a aprobar en 1985 una increíble Ley que proyectó el suplicatorio a la protección civil del honor. El Tribunal Constitucional tuvo el buen sentido de yugular esa mala idea cinco años después (S. a/ 1990).

Afortunadamente, algo ha empezado a cambiar. En el proyecto de ley del Jurado (permítaseme decir que a iniciativa de Izquierda Unida) se ha derogado el privilegio del antejuicio para querellas contra jueces. El siguiente paso debe ser rebajar la inmunidad de diputados y senadores a su mínima magnitud -libertad de expresión y prohibición de detención- con reforma constitucional incluida. Y el siguiente, reducir el fuero procesal de parlamentarios y de ministros.

Y cuando así están los tiempos, al Gobierno no se le ocurre otra cosa que ampliar su fuero procesal ante el Tribunal Supremo más allá de la duración del cargo, convirtiendo la -supuesta- protección de una función en el privilegio injustificable de unas person

as que se harían leyes a medida.

El recuerdo de Andreotti y Craxi debería estar siempre en la mente de todos para tener claro que el desarrollo democrático consiste, entre otras cosas, en luchar contra las inmunidades del poder.

Diego López Garridoes diputado de IU-IC