El veto legal de la Junta se conoce 19 días después de ser aprobado

El veto de la Junta Electoral Central a las campañas de autobombo de las administraciones públicas se ha conocido 19 días después de que este organismo, en su sesión del 16 de marzo pasado, contestase a una consulta del Ministerio del Interior. La respuesta fue remitida a las comunidades autónomas, pero no a las corporaciones locales.

Pablo Santolaya Machetti, director general de Procesos Electorales, Extranjería y Asilo, planteó una pregunta a la Junta Electoral el 20 de enero de este año para deshacer un entuerto engordado con resoluciones contradictorias.

Las disputas políticas con anuncios institucionales como argumento se iniciaron cuando la Junta Electoral de Galicia declaró el 3 de septiembre de 1993 que la campaña de imagen de la Xunta era ilegal "por influir en la orientación de voto de los electores", que se canalizaba "hacia el PP.

El Gobierno de Manuel Fraga empezó a emitir, cuatro días antes de la disolución del Parlamento regional por la convocatoria de elecciones, el vídeo Galicia, un país para vivir, un país para invertir, en la Televisión Gallega. La propaganda terminaba con la siguiente frase: "Aquí se ha hecho mucho en poco tiempo y mucho más si seguimos a este ritmo".

Cinco días después del veto legal a la campaña, el 8 de septiembre, la Junta Electoral Central autorizaba la propaganda de la Xunta por entender que "no se advertía ninguna identificación o coincidencia entre los elementos utilizados en los anuncios y la campaña electoral del PP".

'Lo hecho en Andalucía'

Un recurso del PP en junio de 1994 obligó a Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucia, a retirar parte de la campaña institucional, que contenía el lema: Lo hecho en Andalucia: una garantía. La Junta Electoral Central resolvió que la publicidad "excedía los límites de las campañas de los poderes públicos durante el periodo electoral".

Aparcar definitivamente estas contradicciones es lo que intenta la Junta Electoral Central con esta nueva resolución en forma de respuesta. En la misiva remitida al Ministerio del Interior se intenta concretar qué campañas institucionales en periodo electoral son legales: "Las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos". Las demás, según la Junta, "no pueden hacerse".

Mientras que el Gobierno socialista de Joaquín Leguina tuvo conocimiento de la resolución de la Junta Electoral Central hace al menos 15 días, el gobierno municipal de José Maria Álvarez del Manzano conoció esta circunstancia por la llamada de EL PAIS. Luis María Huete, alcalde en funciones, aseguró que estudiarían con detenimiento el acuerdo del organismo.