Colegios y mercado

EL CONSEJO de Ministros del viernes aplazó la aprobación del proyecto de Ley de Colegios Profesionales, que ya fue discutido por la Comisión de Subsecretarios. La oposición a algunos artículos del anteproyecto por parte de Unión Profesional, que agrupa a numerosos colegios, parece ser la causa de ese nuevo aplazamiento. Es lógico que se intente el acuerdo, pero llama la atención que siga pendiente cuando ya en la anterior legislatura existió un proyecto en trámite que decayó por la disolución de las Cortes. Así, sigue sin aprobarse una ley que forma parte de las famosas reformas estructurales del Plan de Convergencia, tendentes al abaratamiento, mediante la introducción de la competencia, de ciertos servicios.La resistencia de los profesionales a esa liberalización no se expresa directamente, sino mediante apelaciones a altos principios: control de calidad, formación permanente de los colegiados, defensa de la deontología profesional, etcétera. Nada de ello es contradictorio, sin embargo, con la liberalización de tarifas. Ahora, la divergencia parece centrarse en la excepción de colegiación obligatoria que la ley concede a los funcionarios, y que afectaría a la mayoría de los profesionales sanitarios. Si se trata de eso, podrían plantearse las enmiendas correspondientes en la tramitación parlamentaria, dado que tanto el PP como Convergéncia i Unió ya han expresado su acuerdo con la Unión Profesional en este punto. Fue el Grupo Catalán el que en la anterior legislatura planteó más pegas al anteproyecto, haciéndose eco de los temores que había suscitado entre algunos colegios.

El borrador actual mantiene la colegiación obligatoria. Su constitucionalidad ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, pero ello no quiere decir que no lo fuera la libertad de colegiación, y seguramente con mayor fundamento. La eliminación de las tarifas fijas -llámense mínimas u orientativas-, la relación directa del profesional con el cliente al margen del fielato corporativo del respectivo colegio, la desaparición de las restricciones a la publicidad del profesional individual y -a su actividad territorial son medidas que los colegios deberían poner en práctica por propia iniciativa, en bien de la inmensa mayoría de los profesionales y, desde luego, de sus clientes. No es la existencia de los colegios profesionales lo que está en cuestión, sino su estructura gremialista y sus prácticas monopolizadoras.