Del 'caso Roldán' a los 'papeles de Laos'

EL SUMARIO Roldán amenaza con ser engullido por los papeles de Laos. Lo accidenta y secundario pasaría a ser lo sustancial y principal en una especie de transubstanciación de carácter poco menos que milagrosa. Pero como es imposible que tamaño fenómeno pueda producirse en el marco de un proceso judicial, sólo cabe atribuir esa eventualidad a una mera per cepción engañosa de los sentidos. La espectacularidad de algunas diligencias judiciales -por ejemplo, el retorno del juez Garzón al Ministerio del Interior para tomar declaración al director general de la Policía- ayuda a crear esa falsa impresión.Bajo ningún concepto las circunstancias de la detención y puesta a disposición judicial del prófugo Luis Roldán pueden, desplazar la atención de la justicia de lo que es el asunto esencial de su investigación: el enriquecimiento del que fue director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993 a cuenta de los fondos reservados y mediante el cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones de contratas públicas.

Pero, aparte de estilos judiciales más o menos aparatosos, existen otros indicios que hacen temer que el caso Roldán pueda quedar sepultado bajo los papeles de Laos, en contra de las más elementales exigencias

del sentido común Y del Estado de derecho. El principal es la muy cuestionable dispersión de procedimientos judiciales en este asunto. De un lado, el juez Baltasar Garzón investiga las circunstancias relativas a la detención de Roldán; de otro, la juez Ana Ferrer instruye desde hace más de un año las actividades delictivas atribuidas, al ex director de la Guardia Civil. El ministerio fiscal y la abogacía del Estado han señalado la incoherencia de esta doble investigación judicial. No sólo porque el asunto delictivo es único, cuales quiera que hayan sido las fases de su desarrollo, sino porque ninguna de estas fases se ha producido realmente en el extranjero, única circunstancia que. justificaría la intervención de un juez de la Audiencia Nacional en el caso.Los riesgos de esta superposición judicial son evidentes. A la juez que indaga el fondo del asunto y que dio la orden internacional de detener a Roldán se le hurta la posibilidad de conocer las circunstancias de la detención y de valorarlas en el contexto de la investigación. Como sensatamente señala el abogado del Estado, el proceder jurídicamente más correcto y congruente sería que la juez que instruye la causa principal contra Roldán investigara también cómo fue detenido y puesto a su disposición.

El caso es que, de momento, este ex prófugo de la justicia no ha dicho esta boca es mía ante la juez Ana Ferrer en relación con los cargos que le comprometen. Y no porque se haya acogido al derecho constitucional a no autoinculparse, sino simplemente porque pone en cuestión las condiciones de su detención. Roldán ha aprovechado, por lo demás, su declaración ante el juez Garzón sobre el secuestro de Segundo Marey para contar lo que ha querido, y a su manera, sobre la presunta implicación de terceras personas en ese hecho, erigiéndose en colaborador (¿?) de la justicia. Reparte basura, escoge el juez y quiere marcar el ritmo y hasta la agenda de la instrucción. Entretanto, los policías que lo detuvieron en cumplimiento de una orden judicial tienen que ofrecer detalladas y completas explicaciones sobre las circunstancias de la detención.

Si a ello se añade la ostentación de la investigación judicial sobre los papeles de Laos, en contraste con el quehacer discreto de la juez Ana Ferrer, y la polémica sobre la suerte corrida por los justificantes del viaje a ese país asiático, no es extraño que exista la impresión, sin duda engañosa, de que el caso Roldán es el caso Laos. Realmente, un disparatado y absurdo juego jurídico.