La perspectiva de que Euskadi no contribuya al Estado dificulta el diálogo entre Madrid y Vitoria

Ha llegado la hora de la verdad en la negociación de los Gobiernos central y vasco para materializar el Estatuto de Gernika. Las delegaciones presididas por el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el también vicepresidente y titular de Administración Pública y Hacienda del Ejecutivo vasco, Juan José Ibarretxe, debatieron ayer sin éxito los espinosos temas económicos. El fondo del problema radica en que la culminación estatutaria, con el traspaso de todas o buena parte de las 45 competencias solicitadas por el Gobierno vasco, originará el contrasentido de un cupo negativo, esto es, que el Gobierno central tendría que pagar al vasco pese a seguir prestándole servicios comunes.

La reunión en La Moncloa se celebró en un clima de inquietud, por parte de ambas delegaciones, ante una negociación permanentemente aplazada por su complejidad. La delegación vasca -en la que junto con Ibarretxe participaron el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, y el miembro de la dirección nacionalista Juan María Ollora- planteó previamente al cupo otra cuestión espinosa, la transferencia de la formación ocupacional al País Vasco, prevista en el primero de los tres paquetes de traspasos previstos para culminar en el otoño de 1996 el Estatuto de Gernika.El vicepresidente vasco, Juan José Ibarretxe, manifestó al término de la reunión que "no se había avanzado en cuestiones que son fundamentales a juicio de la Administración vasca".

El Gobierno vasco, que recauda sus propios impuestos, pretende incorporar el apartado de formación ocupacional de la cuota de los trabajadores de la Seguridad Social y establecer un mecanismo concertado de redistribución con la Administración central. La aceptación de este mecanismo por la Administración central, con un comienzo de la ruptura de la caja única, crearía un precedente para el objetivo final que el Gobierno vasco no oculta: el régimen concertado de la Seguridad Social.

Este planteamiento cuenta con la firme oposición del ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Antonio Griñán, que ya se lo ha manifestado al titular para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, al vicepresidente Serra, y al secretario de relaciones políticas socialista, Txiki Benegas, representantes del Gobierno y del PSOE en la negociación. Griñán opina que originaría un agravio comparativo.

Este primer escollo tiene un telón de fondo más profundo aún, y es la caída en picado del cupo, esto es, de la cantidad que el Gobierno vasco tiene que pagar a la Administración central por los servicios comunes que ésta le presta.

Desde 1987 a 1995, el cupo ha disminuido progresivamente de 103.896,2 millones a 17.822 millones (ver cuadro) sobre un presupuesto para este año de 715.604 millones. El año pasado, la comunidad vasca tuvo que pagar al Estado en concepto de cupo la cifra de 34.000 millones. Las razones de esta caída se explican por la menor recaudación de las diputaciones vascas a causa de la crisis industrial, los incentivos fiscales y el fraude fiscal.

Como consecuencia de esta situación, el desarrollo del Estatuto de Gernika, con el traspaso de nuevas competencias, es previsible que para 1996 arroje un saldo negativo en el cupo. En pura teoría, esta situación es imposible, porque resulta absurdo que el País Vasco reciba dinero cuando sigue consumiendo servicios del Estado.

La explicación se encuentra en la base del propio Concierto económico. Por ejemplo, una partida de tanto peso como la Ertzaintza está fuera del cupo. A ello hay que añadir los impuestos no concertados, desde los aranceles a las gasolinas.

Si los escollos económicos se resuelven, el traspaso de una buena parte de las 45 transferencias solicitadas por la comunidad vasca, para culminar el Estatuto de Gernika, no presentaría mayores dificultades.

Los negociadores pretenden que los traspasos de buena parte de las 45 competencias solicitadas se realicen en tres fases, la primera de ellas, antes del verano. En este primer paquete figuran algunas de gran trascendencia política como el personal de la Administración de la Justicia y la ya citada formación ocupacional. El último paquete se traspasaría en el otoño de 1996, según pactaron Felipe González y el lehendakari.