El plan hidrológico reducirá los trasvases a los regadíos por falta de rentabilidad

El volumen de trasvases previsto en el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional (PHN) se reducirá notablemente, según se desprende del avance de los estudios qué realiza el Ministerio de Agricultura sobre regadíos. El equipo actual de este departamento ha dado un giro radical en los planteamientos sobre la demanda del sector agrícola, que consume el 80% del agua disponible en España. Las previsiones cifraban en 3.768 millones de metros cúbicos el agua trasvasable para el horizonte del año 2012. Pero las perspectivas del mercado agrícola español en el contexto mundial rebajan esa cantidad en la medida en que los nuevos regadíos no podrán rentabilizar las inversiones que exige ponerlos en marcha.

El punto de partida es claro. Si durante los últimos cincuenta años no se han podido dotar de instalaciones de riego las 311.000 hectáreas declaradas de interés nacional (23 zonas) hace décadas, más difícil será provisionar superficies adicionales. Sin ir más lejos, muchos regadíos del bajo Guadalquivir se mantienen inoperantes porque carecen de agua, y probablemente seguirán así, ya que nunca la tendrán.La falta de agua en determinadas regiones no es el único freno a la expansión de regadíos. El equipo del ministro de Agricultura, Luis Atienza, practica una cultura radicalmente distinta de la de sus predecesores. La información trasladada desde las cuencas hidrográficas sobre las demandas de agua para elaborar el PHN evaluaba las necesidades de nuevos regadíos para los próximos 20 años en 1,2 millones de hectáreas. "Vamos a pedir mucho para que nos den aunque sea la mitad", era la filosofía de hace un par de años.

Desde el Ministerio de Agricultura se dieron por buenas estas cantidades. Vicente Albero, el secretario de Estado que lanzó el PHN y luego accedió a la titularidad del Ministerio de Agricultura, sostenía la idea de que cualquier cultivo que reciba un riego, por pequeño que sea, aumenta la rentabilidad de los agricultores. En su opinión, esta fórmula permitiría incrementar un poco las rentas de los labradores y contribuiría a frenar el abandono de las tierras y asentar a la población rural.

Inversión sin sentido

La filosofía del equipo actual del ministerio difiere sustancialmente. Tanto el secretario general de Estructuras Agrarias y presidente del IRYDA, Carlos Tió, como el director general de Infraestructuras, José Ramón López Pardo, sostienen que, dada la orientación de la política agraria de la Unión Europea y la del GATT, con la liberalización de los mercados mundiales que conlleva, por mucho que se riegue, los cultivos de determinadas regiones nunca serán competitivos. Carece de sentido invertir miles de millones en instalaciones de riego con ese fin.

Esas inversiones serían más útiles si se dedicaran a modernizar los regadíos existentes. El ahorro de agua liberado se utilizaría para nuevos regadíos más competitivos o para el abastecimiento de las poblaciones donde no lo tienen garantizado.

La decisión del Parlamento de exigir un plan de regadíos, junto al PHN, se ve con muy buenos ojos en en el Ministerio de Agricultura, departamento que apenas presentó en su día alegaciones a dicho plan. Esta exigencia supone retrasar el PHN, pero permite al nuevo equipo de Luis Atienza elaborar un plan de regadíos y adelantar otro sobre la modernización de los existentes, muchos de los cuales desaprovechan o pierden por sus viejos canales más del 50% del agua que reciben. "La modernización para ahorrar agua es posible en la medida en que es un punto de acuerdo no cuestionado por el Gobierno ni por la oposición", afirma López Pardo.

Carlos Tió y López Pardo sostienen que los criterios de colonización generalista aplicados en la década de los cincuenta y sesenta pertenecen a la historia. Lo importante ahora es aplicar estrategias singulares para cada zona, ya que no es comparable un regadío de Extremadura con otro del Levante; pero más importante aún es consolidar la economía rural, que no tiene por qué realizarse necesariamente mediante el regadío. "La riqueza debe buscarse en otros usos menos contaminantes y costosos, como la gestión del paisaje, los bosques, el turismo rural, el desarrollo sostenible...", insiste López Pardo.

Establecer prioridades

En este contexto, la calificación de nuevas zonas regables será muy restrictiva. Tendrá en cuenta un escenario temporal corto (cinco años), su viabilidad, las posibilidades de generar empleo y la eficiencia agroindustrial en el contexto local y regional.

¿Quiere eso decir que los trasvases son innecesarios? "No tenemos ninguna prevención en contra de los trasvases de agua a zonas con déficit crónico, con una agricultura muy competitiva como el sureste; pero hay que establecer una jerarquización de prioridades y agotar todos los recursos disponibles en la mejora de la eficiencia, como la reutilización de aguas residuales, la desalación... El trasvase es una posibilidad para consolidar economías existentes, pero su coste nunca debe condicionar o limitar la expansión de las zonas excedentarias".

López Pardo, aragonés e ingeniero rural, asegura que su discurso está "muy empaquetado, muy claro; tendrán que reconocer, si se quiere ahorrar agua, que somos los actores principales. Nuestro portagonismo en la gestión del agua tiene que ser creciente".