Proyecto para que los menores víctimas de abusos tengan trato especial en los tribunales

Cuando un menor es víctima de alguna agresión sexual o mal trato, ante la justicia tiene parecido tratamiento al de un adulto. El niño o la niña se ve sometido a continuos interrogatorios: la policía, el juez, el forense, los abogados y, por último, el juicio. Son muchos los menores que se bloquean o no pueden concretar de qué forma, cuando y quién les ha sometido a laagresión. Un proyecto, que en breve será presentado por la fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña al Ministerio de Justicia, propone un cambio radical del procedimiento judicial con esas víctimas.

La propuesta catalana describe 30 artículos nuevos a introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también insta al Ministerio de Sanidad a crear unidades de atención multidisciplinar en los hospitales públicos para la atención del menor.La violencia sobre menores está aumentando en los últimos años. Ayer mismo, en Córdoba se pidieron 12 años de cárcel para M. B. M., acusado de abusar sexualmente de sus dos hijas, de siete y 13 años cuando en 1988 comenzaron los hechos, informa Efe.

Tomando como referencia el estudio realizado por la fiscalía de Cataluña, entre 1991 y 1993 se presentaron 1014 denuncias en Barcelona por agresiones sufridas por menores, tanto niñas como niños: el 26%, abusos sexuales y el resto malos tratos y agresiones. Las cifras policiales son igualmente alarmantes en 1994: 595 menores fueron atendidos tras ser víctimas de agresiones sexuales y malos tratos.

Todos coinciden en que, además, los casos no denunciados son muchos más. "Lo que llega a la policía y a los tribunales es la punta del iceberg", comenta la fiscal Teresa Comte, con 10 años de experiencia en menores. Otro dato es que la edad de las víctimas desciende y ahora hay muchos pequeños de tres y cuatro años.

"Un niño que ha sido víctima de abusos y es interrogado por un juez y un fiscal a quienes no conoce y en un despacho, no digamos si llevan las togas puestas, se suele cerrar en banda o contesta de forma confusa", cuenta un experto en la materia. A preguntas del estilo de: ¿Te introdujo el pene? o ¿te tocó la vagina?, la respuesta del menor es muchas veces nula porque sencillamente no entiende nada.

El miedo y el pavor de muchos de los pequeños en esta si tuación porque sus agresores son miembros de su ámbito fa miliar más reducido -el padre o el compañero de la madre en muchos casos- es otro gran obstáculo para conseguir un testimonio clarificador ya que en estos casos las amenazas son normales. "Y menos si se pretende obtener en un interroga torio normal, que suele ser con poco tiempo", insiste la fiscal.

El proyecto de reforma elaborado por la fiscalía pretende acabar con esa situación. Entre otros aspectos, propone que la Ley de Enjuiciamiento Criminal posibilite que el interrogatorio policial y judicial del menor sea sustituído por el tratamiento de la víctima en manos de un equipo multidisciplinar. Según la propuesta, al tener conocimiento de un hecho de este tipo se avisaría inmediatamente al médico forense para, a continuación, someter al menor al tratamiento del equipo en un centro asistencial, no en unas dependencias judiciales.

"En agresiones sexuales crónicas, los menores tienden a bloquearse y sólo es posible averiguar con muchas charlas y juegos lo que ha ocurrido. Al final, llega un momento en que el niño lo dice e identifica a su agresor", cuenta un conocedor de la materia.

Para la garantía del proceso, el proyecto apunta que todas las sesiones sean grabadas y todo el material utilizado puesto a disposición del juez instructor. También plantea que sea el dictamen del equipo que haya tratado al menor el que sirva de prueba fundamental al magistrado hasta llegar al juicio aunque posibilita al juez poder interrogar al menor "sólo si es indispensable". Otro de los puntos del proyecto es aislar fisicamente al menor de su. agresor en el juicio, cuando tenga que declarar, y que esa parte de la vista se realice a puerta cerrada, sin público.

En definitiva, se pretende salvaguardar las garantías del menor dentro del procedimiento judicial. Para los autores del proyecto, es completamente normal introducir un articulado específico para estos casos. La fiscal Comte es muy clara: "Si la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé dispensas a la hora declarar ante el juez instructor para el presidente del Congreso o del Senado, el delegado de Hacienda, los representantes diplomáticos y altos miembros de la curia y del Ejército, creemos que los menores y víctimas tienen, por lo menos, igual derecho".