Nueva York, a punto de implantar la pena de muerte
Nueva York, sinónimo de libertad y progreso durante varias generaciones, será esta semana el 37º Estado de EE UU en incluir la pena de muerte. Las limitaciones añadidas a la ley pendiente de ratificación del gobernador registrarán, sin embargo, su uso en sólo un 20% de los 2.400 asesinatos anuales e impedirán que la inyección letal comience a funcionar antes del próximo siglo.Nadie ha sido ejecutado en Nueva York desde 1963. Durante 18 años, los dos gobernadores anteriores se habían resistido a utilizar un castigo tan extremo, pese a que la plaga de la delincuencia fuese siempre una de las principales amenazas contra la supervivencia misma de esa gran ciudad. El último gobernador demócrata, Mario Cuomo, un católico de la izquierda de su partido, vetó decenas de veces propuestas legislativas para restaurar la pena de muerte. Pero la victoria de George Pataki, dentro de la oleada conservadora que afectó a EE UU en las elecciones de noviembre pasado, abrió la puerta a ese drástico método. Las dos Cámaras legislativas estatales aprobaron ayer la ley, y esta misma semana se espera la firma de la misma por parte de Pataki. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de septiembre.
De acuerdo a esa ley, se utilizará la inyección letal contra 10 tipos de homicidios, que incluyen los asesinatos en serie, las muertes de jueces, oficiales de policía y funcionarios de prisiones, los crímenes con tortura, violación o secuestro y los asesinatos de personas que se encuentren en cumplimiento de su trabajo, como empleados de gasolineras, cajeros o taxistas.
El acuerdo que ha sido necesario para sacar adelante la ley ha hecho de la pena de muerte neoyorquina una de las más restrictiva del país. Más restrictiva que las de Tejas u otros Estados del sur que no han acabado de perder nunca su fe en la ley del talión, pero suficientemente amplia como para aterrar a las conciencias liberales. El diario The New York Times ha publicado editoriales en contra de la pena de muerte y ha pedido que, ante el hecho ineludible de su reimplantación, sea aplicada de la forma más humana posible.
No podrán ser condenados a muerte los menores de 18 años, las embarazadas o los retrasados mentales, aunque estos podrán ser ejecutados si cometen un asesinato mientras están en la cárcel. El Estado pone en marcha un complejo y caro sistema de apelaciones y dobles juicios que haga lo más remoto posible el riesgo de ejecutar a un inocente, y se ha elegido la inyección letal, como el método menos agresivo para el condenado.
La asociación Abogados contra la Pena de Muerte se queja, no obstante, de que no se han tomado todas las precauciones necesarias en cuanto a la selección de los jurados que tendrán que decidir sobre la culpabilidad de los acusados. La ley exige que se elimine como potenciales jurados a las personas que, en las entrevistas previas, expresen opiniones en contra de la pena de muerte. Esto, según esa asociación, impedirá la elección como jurados de negros, judíos y mujeres, y hará más factible que en la decisión sobre las condenas a muerte influyan los prejuicios raciales. Paradójicamente, la pena de muerte regresa a Nueva York en un momento en que la curva de asesinatos en el Estado se encuentra en un punto alto, pero decreciente, lo que demuestra la politización del debate.
