La Sala Segunda del Supremo se opone a la concesión del suplicatorio contra Guerra

Dos tercios de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se inclinaron ayer por denegar el envío al Congreso del suplicatorio contra Alfonso Guerra solicitado por el juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero. Tras una reunión de dos horas mantenida ayer por 15 magistrados de la Sala Segunda -doce titulares y tres suplentes-, la posición mayoritaria fue la de denegar el suplicatorio por razones puramente técnicas: se trata de un delito electoral "de propia mano" que sólo puede cometer el administrador general electoral y que no admite la participación por inducción, como apuntaba en su escrito el juez Barbero. La decisión del alto tribunal se le notificará al juez Barbero previsiblemente hoy.

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo se reunió ayer en una especie de sala general, aunque sin carácter oficial ni vinculante, para intercambiar impresiones sobre la concesión del suplicatorio. Tras dos horas de debates, la posición mayoritaria era la de denegarlo, por ocho votos frente a cuatro. No obstante, la resolución definitiva se adoptará oficialmente e irá firmada por el presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruiz-Vadillo, y los magistrados José Augusto de Vega y Luis Román Puerta Luis.La decisión de denegar el suplicatorio comenzó a gestarse el pasado viernes, en que se adoptó un acuerdo de principio, contrario al suplicatorio, por parte del presidente de la Sala, Enrique Ruiz Vadillo, y el magistrado José Augusto de Vega Ruiz y con el voto a favor de su tramitación de Luis Román Puerta Luis. Este último, un magistrado conservador al que se considera vinculado al Opus Dei, se opuso con vehemencia a la denegación del suplicatorio.

Ante la fragilidad de un acuerdo por dos a uno, el tribunal decidió consultarlo en sala general con los demás magistrados, pero sólo a nivel de consulta y sin carácter vinculante. De ahí que a la reunión de ayer, no convocada oficialmente como sala general, acudiesen los doce magistrados titulares de la Sala Segunda y los tres suplentes. Alguno de sus componentes la calificase de reunión "informal" en la que tuvo lugar un "cambio de impresiones".

Según las fuentes judiciales consultadas por este periódico, los magistrados se inclinaron por la negativa a conceder un suplicatorio que, como advirtió el ministerio fiscal, plantea "problemas" en orden a la coparticipación de Alfonso Guerra "en un delito especial como es el electoral, al no ostentar el cargo de administrador general electoral".

La solicitud del juez Barbero, redactada en un informe de 39 folios, plantea la posibilidad de que Guerra fuese autor por inducción del delito del artículo 149 de la ley del régimen electoral general. Dicho artículo castiga con pena de prisión menor (de seis meses a seis años) y multa de 30.000 a 300.000 pesetas a los "administradores generales" que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución en las partidas contables.

Los ocho magistrados partidarios de la denegación del suplicatorio fueron el propio presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruiz-Vadillo y los magistrados Enrique Bacigalupo, José Antonio Martín Pallín, Eduardo Moner, José Augusto de Vega Ruiz, José Manuel Martínez-Pereda, Joaquín Martín Canivell y Ramón Montero Fernández-Cid. No entró en la votación el magistrado Cándido Conde Pumpido Tourón, de reciente incorporación a la Sala.

Los magistrados más conservadores, por contra, se inclinaron por remitir el suplicatorio de Guerra al Congreso. En línea con la postura de tramitar el suplicatorio votaron Luis Román Puerta Luis, Fernando Cotta y Márquez de Prado, Joaquín Delgado García y Francisco Soto Nieto. Los magistrados suplentes no participaron en la votación, aunque expusieron sus puntos de vista.

Las fuentes informantes indicaron que en la tarde de ayer se estaba redactando el escrito que será notificado hoy al juez Barbero.

El alto tribunal tampoco ha accedido a que se remita al Senado una ampliación para proceder contra el senador del PSC-PSOE Josep Maria Sala por un delito de asociación ilícita. El Tribunal Supremo entiende que en el anterior suplicatorio se autorizó a Marino Barbero a proceder contra el senador Sala tanto por dos delitos de falsedad en documento mercantil y un delito fiscal que había pedido, por aquellos delitos que se derivasen del proceso.

Senador Sala

El pasado miércoles, el juez Marino Barbero presentó a la Sala Segunda una solicitud de suplicatorio para proceder contra Alfonso Guerra "con todas las consecuencias legales" por un delito electoral del artículo 149 de la ley del Régimen Electoral General. Al propio tiempo, solicitó que la Sala Segunda tramitase una ampliación del suplicatorio para poder proceder contra el senador del PSC-PSOE Josep Maria Sala por un delito de asociación ilícita, que se añadiría a los dos de falsedad en documento mercantil y un delito fiscal que el Senado autorizó a perseguir en noviembre de 1993.

Los dos escritos, uno para Justificar el suplicatorio al Congreso, de 39 folios de extensión, y otro para tramitar la autorización del Senado, de 31 folios, fueron entregados ayer a los 16 magistrados que se reunieron en la Sala Segunda. Guerra, al no haber ostentado este cargo en las elecciones generales de 1989, no pudo haberlo cometido, por lo que no procedería un suplicatorio para perseguir un delito que no pudo ser cometido por el supuesto autor.