De la Rosa inicia una campaña para conseguir apoyos y encontrar una salida a su situación

Javier de la Rosa ha iniciado una campaña de recogida de apoyos entre diferentes personajes de la vida económica y financiera, especialmente con aquellos con los que tuvo relación cuando fue el hombre fuerte de KIO en España. El objetivo del financiero es tanto el de recoger fondos para sustituir las actuales garantías otorgadas al Banco Popular para que avalara su fianza como el de conseguir salidas a la difícil situación legal en la que se encuentra. Además del caso Grand Tibidabo, en los próximos días, De la Rosa afrontará una declaración formal ante la Corte Comercial de Londres en la que deberá revelar qué bienes posee en la actualidad y qué hizo con los 500 millones de dólares que le reclama el grupo Torras-KIO.

Recientemente, el tribunal británico ordenó el embargo preventivo de sus bienes por 500 millones de dólares (65.000 millones de pesetas).El pasado, fin de semana, De la Rosa se reunió con Mario Conde y las esposas de ambos, en la finca que el ex banquero posee en Toledo. Los dos personajes hablaron sobre su situación -ambos se encuentran en libertad bajo fianza- y, según las fuentes consultadas, De la Rosa pidió al ex presidente de Banesto que le ayudara a transmitir su mensaje.

Los primeros movimientos de la campaña de De la Rosa se iniciaron a los pocos días de abandonar la prisión, el pasado día 12.

Once días después hizo su primer viaje a Madrid. El financiero intentó reunirse o estableció contacto con personas como Enrique Sarasola, propietario de la sociedad Ibermer, o Manuel Guasch, presidente de la azucarera Ebro, controlada por KIO. Las mismas fuentes han asegurado que el financiero no consiguió sin embargo reunirse con la mayoría de las personas con las que lo intentó.

Testimonios

En cuanto al sumario del caso Grand Tibidabo, la mayoría de los 17 inculpados atribuyeron al financiero la responsabilidad de las operaciones. Según esos testimonios De la Rosa apenas informaba a sus colaboradores de las operaciones en marcha y los consejos de administración sólo discutían cuestiones generales sin conocer los detalles de la situación financiera. En esta línea se manifestaron Santiago Tomeo, que fue consejero de Quail y de Grand Tibidabo, Narciso de Mir, que declaró haber recibido poderes para realizar opereciones porque era el único que se encontraba disponible, Arturo Piñana, apoderado, o Juan José Folchi.

A continuación se resumen los principales testimonios sobre operaciones que provocaron pérdidas de 12.000 millones.

Deudas con Grand Tibidabo. La documentación incautada durante los registros incluía un acuerdo firmado entre Joan Cruells, en aquellos momentos presidente de Grand Tibidabo, y De la Rosa, en el que el financiero reconocía deber a la sociedad unos 2.000 millones de pesetas. Según De la Rosa, "se firmó este documento porque el consejo de Grand Tibidabo urgía que se firmara". Los auditores de la empresa aseguraron que De la Rosa nunca les había facilitado información sobre esas deudas.

En cambio, según Carlos Calderón, socio del Bufete Folchi y redactor del texto, "a finales de julio le llamó el Sr De la Rosa y le dijo que por indicación de su abogado, Juan Piqué Vidal, debían redactar un documento donde se recogieran las deudas del grupo de sociedades de De la Rosa". El otro firmante del acuerdo, Joan Cruells, declaró que las deudas de De la Rosa no tenían ninguna garantía y "que se trató de obtenerla a través de este documento".

Otro de los abogados, Juan José Folchi, que formalizó créditos para De la Rosa desde una filial de Grand Tibidabo por 900 millones, testificó que en aquel momento no conocía que había otros créditos de Grand Tibidabo a De la Rosa, y que cuando se enteró, en abril de 1993, presentó su dimisión como consejero de la entidad.

'El Observador'. La instrucción del caso revelé que De la Rosa utilizó 780 millones de Grand Tibidabo para financiar este diario nacionalista promovido por el ex secretario de la presidencia de la Generalitat, Lluis Prenafeta. Una parte de ese dinero se justificó como pago de una comisión por la venta de la sede de CNL, antiguo nombre de Grand Tibidabo, a la Generalítat. Posteriormente, el financiero negó haber entregado dinero a El Observador y sí a una persona que no quiso identificar. Sin embargo, el presidente del rotativo, Armand Carabén, reconoció ante el juez las entregas del dinero desde empresas relacionadas con De la Rosa. Según Carabén, las entregas procedían de Quail, o fueron ingresadas en las cuentas de Coterma, accionista del diario, por "alguien de Quail". En relación con la comisión del edificio, Carabén declaró que "Prenafeta le dijo que De la Rosa iba a hacer unas aportaciones económicas a cuenta de los 1.000 millones de pesetas que unos meses antes se había comprometido a entregar" a El Observador. Prenafeta declaró que visitó a De la Rosa para que inviertiera en el diario nacionalista y éste "se mostró favorable al proyecto pero deseó no figurar formalmente". Según el ex secretario general, en julio de 1991 le pidió nuevas aportaciones y De la Rosa le dijo que recibiría dinero a finales de ese mes. En ese momento se produce la venta de la sede de la Generalitat. Prenafeta reconoce recibir en esas fechas 170 millones. Más contundente es la declaración de Florenci Cerdà, ex consejero delegado de CNL: en junio de 1991 "Consegur, filial aseguradora de CNL, había financiado a Coterma" con 100 millones de pesetas. Cruells, abunda en el mismo punto y señala que en junio de 1992, De la Rosa le ordenó que concediese un préstamo de 274 millones a Coterma.

Aval de la Generalitat. De la Rosa obligó a Tibigardens, promotor del parque de Tarragona, a comprar 1.000 millones de pesetas en pagarés de otras empresas. Asimismo, durante dos meses utilizó 1.000 millones avalados por la Generalitat para garantizar un crédito a Grand Tibidabo. Alfons Maristany, ex presidente de Tibigardens y cuñado de De la Rosa, declaró que dimitió de su cargo cuando se enteró de la compra de los pagarés y por que se hizo al margen suyo "y se enteró del hecho ya consumado". En la misma línea, Carles Vilarrubí, primer consejero delegado de Tibigardens, explicó que mucho antes, en octubre de 1992, presentó su dimisión ante Notario cuando De la Rosa quiso que los primeros 1.000 millones de pesetas avalados por la Generalitat fueran invertidos en dos sociedades del financiero ajenas al parque. De la Rosa, por su parte, afirmó que para comprar los pagarés "se pidió y obtuvo para ello, un crédito hipotecario que nada tiene que ver con los avales de la Generalitat". Sin embargo, las declaraciones del ex director general de la Caixa de Tarragona, que había concedido los créditos, dejaron claro que se utilizó el dinero avalado.

Lista 16. Grand Tibidabo entregó a esta sociedad, relacionada con el hermano de Alfredo Fraile, relaciones públicas de De la Rosa, 949 millones como una opción de compra. El mismo día, los accionistas de Lista 16 entregaron al financiero un crédito por la misma cantidad. De la Rosa declaró que no recordaba la operación y remitió a Cruells. También afirmó que el dinero volvió a Grand Tibidabo. Cruells, declaró que no era así y que la opción de compra no se ejerció porque "el edificio estaba en leasing, que lo comprobaron después de hacer la opción de compra".