La Ley de Capitalidad se queda en un cajón hasta la próxima legislatura

VIENE DE LA PÁGINA 1

Izquierda Unida, que se ha mantenido al margen de las negociaciones entre los dirigentes del Ayuntamiento y la Comunidad sobre la futura ley de capitalidad, cree que el definitivo aplazamiento obedece "a la falta de voluntad de Leguina y del alcalde". La portavoz de IU, Isabel Vilallonga, acusa a los jefes de las dos instituciones de "no querer aprobar una norma que abriría el debate sobre la descentralización del Ayuntamiento de Madrid". La dirigente de la coalición opina que el regidor de Madrid y el presidente regional "son alérgicos a la participación social" que tendría que promover la ley.

Vilallonga también denuncia la actitud de Cano en todo el proceso. "Una vez más, el consejero desoye los mandatos de la Asamblea de Madrid. Su único interés consiste en conseguirle a su presidente mayorías suficientes a través de los fondos de cooperación de los municipios".

La portavoz socialista Dolores García Hierro defiende al ejecutivo regional. "La culpa es de todos. No se puede tirar por elevación al Gobierno, que ha cumplido con todos los requisitos. Envió el 14 de junio un proyecto de ley con los informes de la Comunidad y, del Ayuntamiento para que fuera pactado por los parlamentarios. Pero como realmente hay temas de fondo que diferencian a un grupo político de otro, pues no sale".

Rango especial

"Aprobar la ley ahora sería un contrasentido", insiste Huete. "Pero la responsabilidad no es nuestra. El PSOE gobernó durante seis años con mayorías en el Ayuntamiento, en la Comunidad y en el Estado. Habría que preguntarles por qué no aprobaron la ley". Su compañero en la Asamblea, Antonio Beteta, tampoco es favorable a la tramitación urgente del texto. "Sólo quedan 40 días para terminar la legislatura y sería imposible abordar una ley de capitalidad como ésta". La culpa, según el portavoz popular, es del Gobierno socialista: "Ha podido más el miedo institucional que Leguina tiene a dar un rango especial al Ayuntamiento de Madrid que la necesidad de esta ley. Sin ella, Madrid está perdiendo elementos financieros muy importantes".

Según los gobernantes del PP en el Ayuntamiento de Madrid, la ley de capitalidad podría favorecer al municipio con unos ingresos anuales de 15.000 millones de pesetas, cantidad con la que el Estado pagaría los servicios de capitalidad que utiliza. Sin embargo, el Gobierno regional rebaja esos cálculos. La Consejería de Cooperación mantiene que el canon de capitalidad no superaría los 1.500 millones de pesetas.

Los gastos que el Ayuntamiento tiene por ser capital del Estado consisten en el pago de horas extraordinarias -más de 256.000 al año- a sus policías municipales que hacen servicios de escolta a autoridades nacionales e internacionales, y algunos impuestos locales que no pagan ni las embajadas ni los inmuebles de la Administración central.

El PP anuncia que incluirá en su programa electoral el compromiso de tramitar y aprobar la ley de capitalidad, si consiguen mayoría absoluta, en menos de un año.

Los socialistas retan a la oposición: "Si tan claro lo tiene el PP, que presenten un proyecto de ley donde se incluyan los acuerdos alcanzados entre la Comunidad y el Ayuntamiento, y lo aprobamos por la vía de urgencia, para trasladarlo al Congreso de los Diputados", afirma García-Hierro.

"Pero existe gran diferencia", añade García-Hierro, "entre las competencias que el PP quiere para Madrid y lo que deseamos nosotros. La capital del Estado debe tener un régimen fiscal especial y compensa ciones económicas, pero no debe disfrutar de más competencias municipales que cual quier otra gran ciudad. Y eso está en el pacto local".