De la Rosa afirma que Alavedra conocía el desvío de parte del aval de la Generalitat a Tibigardens

Javier de la Rosa acusó, durante su última declaración ante el juez Joaquín Aguirre, al consejero de Economía de la Generalitat, Maciá Alavedra, de conocer el desvío de 1.000 millones de pesetas del aval del Parlamento de Cataluña a Tibigardens para financiar otras empresas, según consta en el sumario del caso, que dejó de ser secreto el pasado miércoles. En sus declaraciones, el financiero afirma que Alavedra conocía que desde diciembre de 1993 hasta febrero de 1994 esos1.000 millones estaban inmovilizados en una cuenta de la Caixa de Tarragona para garantizar a esta entidad financiera el cobro de un crédito que había concedido a Grand Tibidabo, otra empresa de De la Rosa sin ninguna relación con el parque Tibigardens.

Concretamente, De la Rosa declaró "que quiere señalar que ha leído en la prensa que el Conseller de la Generalitat Sr.. Alavedra en el Parlament había señalado que 1.000 millones de ese aval habían quedado inmovilizados durante dos meses y que se habían enterado ellos más tarde. No es cierto puesto que el Sr. Alavedra mucho antes de diciembre de 1993 estaba enterado día a día de los pormenores de su relación con la Caja de Tarragona".Maciá Alavedra negó ayer estas acusaciones y declaró a este diario que, de acuerdo con lo que declaró ante el Parlament, recibió las primeras informaciones sobre el uso del aval de la Generalitat pocas horas antes de su comparecencia en la comisión de economía de la Cámara catalana. Un portavoz del PSC afirmó anoche que, ante esta contradicción, el partido da crédito a lo manifestado por Alavedra en el Parlament. Por el contrario, ERC; el PP e IC pidieron aclaraciones a Alavedra.El señor X

La lectura de estas declaraciones, que forman parte del conjunto del sumario del caso, sugiere que el financiero optó por descargar sus responsabilidades sobre terceros. En ningún momento se confirman las insinuaciones realizadas días antes por sus portavoces en el sentido de que De la Rosa había asumido toda la responsabilidad en nombre de algunos de sus colaboradores, como Arturo Piñana o Juan Cruells.Tal vez animado por las noticias referentes al caso GAL, De la Rosa también atribuyó a un señor X el cobro de las comisiones por la venta a la Generalitat de la sede de la empresa CNL, (que pasó a ser Grand Tibidabo). El financiero afirmó que los talones por 300 millones de pesetas correspondientes a la mencionada comisión "se los entregó a una persona" cuya identidad Iamenta no poder decir en este momento". A pesar de que De la Rosa revela "que hubo testigos de la entrega de esos talones", la única persona que aparentemente medió en la operación, Ftancisco lbáñez, no podrá aclararlo puesto que falleció. Todo lo anterior, es decir, que pagó la comisión a un desconocido, no impide que el financiero reconozca que fue Ibáñez quien le pidió los 300 millones.De la Rosa apunta una supuesta relación entre esa comisión y su presencia en Tibigardens. En un pasaje de su declaración señala: "El dinero le fue pedido para acabar de finalizar la entrada de Grand Tibidabo en el parque de Vilaseca y Salou (Tibigardens)". Por ese motivo, sigue más adelante la declaración, "dio orden expresamente que fueran cheques con cargo a cuentas del Banco de España por el tipo de persona a la que iba a entregar los cheques para así asegurarse en el futuro de que se abonaban con actividades relacionadas con el parque Vilaseca y Salou, cosa que no se hizo". Posteriormente, el juez Aguirre preguntó al De la Rosa acerca de las declaraciones de Carles Vilarrubí, ex consejero delegado de Tibigardens, en las que éste desveló que su marcha precipitada del parque se produjo cuando De la Rosa intentó forzarle a desviar 1.500 millones de pesetas avalados por la Generalitat hacia empresas del financiero, como Quail o Grand Tibidabo.De la Rosa lo negó y señaló "que lo único que se le dijo es que extendiera un cheque de 60 millones de pesetas con cargo a Grand Península para financiar a esa persona antes referida que no quiere revelar su nombre". Sin embargo, fuentes consultadas por este diario han asegurado que esos 60 millones sí fueron dispuestos, y antes de la marcha de Vilarrubí, pero para beneficio de Quail, propiedad de De la Rosa. Esos talones fueron firmados por su cuñado, Alfons Maristany, y cuando los socios nortemaricanos del proyecto, Anheuser Busch, lo descubrieron exigieron la devolución inmediata del dinero.

En relación con el aval de la Generalitat, también son reveladoras las declaraciones del ex director general de la Caixa de Tarragona Francesc Montaña, que fue llamado a declarar como testigo por el juez Aguirte.

Declaración contundente

Montaña detalló cómo De la Rosa dejó a disposición de la entidad financiera 1.000 millones de pesetas, en una llamada "cuenta especial de tesorería", avalados por la Generalitat, para conseguir un crédito por el mismo importe. Esto ocurrió en diciembre de 1993 y él vencimiento del crédito tenía fecha de 28 de febrero de 1994. Al llegar esa fecha, Grand Tibidabo no pudo devolver el dinero y la caja ejecutó el crédito contra el dinero avalado por la Generalitat.

Posteriormente, la entidad concedió a Tibigardens otro crédito de 1.000 millones, con garantía hipotecaria, y manipulando la fecha de la ejecución del crédito se consiguió que pareciera que los pagarés habían sido adquiridos con el segundo crédito.

Las declaraciones de Montaña son contundentes: "Preguntado si en su día (el 28 de febrero) el crédito se abonó, manifiesta que no y que entonces se ejecutó la orden de venta de los pagarés los cuales fueron comprados por Grand Península (nombre societario de Tibigardens) con esos mil millones que estaban afectados". Es decir, los avalados por la Generalitat.

Posteriormente, Montaña explicó qué el segundo crédito, esta vez sin aval de la Generalitat, se abonó el 3 de marzo, es decir cuando ya se había ejecutado el primero. Pero "Miguel Soler [brazo derecho de De la Rosa en asuntos financieros] le solicitó que se retrotrayera la fecha valor al día 28 de febrero". Soler argumentó que "se había levantado un problema de interpretación en la prensa al respecto de las fechas de contabilización de la cuenta especial de tesorería y que ello podría crearle problemas".