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Sotos se niega a carearse con Redondo y Reyna por "sentirse indefenso"

Carlos Sotos, ex gerente de PSV, se acogió ayer a la Constitución para negarse a declarar en los careos fijados por el juez Moreiras con los ex dirigentes de UGT, Nicolás Redondo y Antón Saracíbar, y el actual responsable de finanzas del sindicato, Sebastián Reyna. El objetivo de los careos era aclarar hasta qué punto y desde qué fecha el sindicato tenía conocimiento de la crisis de la cooperativa de viviendas. Los principales argumentos aducidos por Sotos -en prisión preventiva desde junio- son que se siente "en total indefensión, el agravio comparativo con otros imputados que están en libertad" y el que se le haya limitado su libertad de expresión.

Desde las nueve de la mañana de ayer, Carlos Sotos esperó en los calabozos de la Audiencia Nacional el inicio de los careos, fijado para las 16.30 horas. Era la segunda vez que salía de la prisión de Carabanchel desde hace ocho meses y siempre con el mismo destino: el juzgado de Miguel Moreiras, instructor del caso PSV.El ex gerente de la cooperativa de viviendas, protegido en el furgón policial, no tuvo que enfrentarse a las iras de las decenas de cooperativistas que acudieron ayer a los alrededores de la Audiencia Nacional. Menos suerte tuvieron sus abogados, Miguel Bajo y Luz Almeida, quienes fueron perseguidos por un grupo de personas desde la salida del edificio de los juzgados hasta el aparcamiento situado a unos 200 metros de distancia.

Una veintena de policías nacionales protegieron a los dos letrados y evitaron que fueran agredidos por los afectados de la crisis de PSV.

También lanzaron gritos a Nicolás Redondo, Antón Saracíbar y Sebastián Reyna en su entrada a la Audiencia, a las 16.13 horas. Previamente, habían dedicado toda la mañana a preparar los careos con sus abogados. Los tres entraron y salieron del edificio de los juzgados sin detenerse a hacer declaraciones.

La comparecencia ante el juez duró apenas media hora, ya que Sotos comunicó a Moreiras su voluntad de acogerse al derecho constitucional de no declarar. En una nota firmada por el ex gerente de PSV, entregada por sus abogados a la prensa, explica que el artículo 24.1 de la Constitución garantiza la tutela efectiva ante los jueces sin que pueda producirse indefensión. Sotos entiende que este artículo se ha vulnerado y que existe un agravio frente al resto de los imputados: "Mi permanente asunción de responsabilidades y disposición plena ante la cjusticia se ha traducido en una constante incriminación unipersonal y una presunción de culpabilidad efectiva". Según el abogado Marino Turiel, Sotos está "harto" de su situación y de su permanencia en prisión preventiva, pese a que ha aportado "montañas de documentos" que Moreiras todavía no ha sometido a dictamen pericial.

Miguel Bajo insistió en la "absoluta indefensión" de su defendido. Tras admitir su "fracaso" en obtener la libertad de Sotos, añadió: "Estoy seguro de que no habrá base para la acusación, ni habrá juicio oral. Los cooperativistas van a tener su vivienda si no se arruina el proyecto por la alta fianza fijada" por responsabilidad civil. El abogado está considerando presentar un recurso de amparo por la prohibición que pesa sobre su cliente de hacer declaraciones a los medios de comunicación, que él considera inconstitucional.

Bajo rechazó que la negativa de Sotos a declarar fuera una estrategia acordada con los defensores de los sindicalistas. Uno de ellos, José Manuel Chinchilla, calificó, sin embargo, como "bastante razonable" la actitud de Sotos.

Francisco Méndez Goas, defensor de un grupo de querellantes, se mostró sorprendido de que el ex gerente de PSV no se sometiera a los careos puesto que entiende que hay "contradicciones sustanciales" entre Sotos y los antiguos dirigentes del sindicato socialista. En su criterio, esto coloca a Sotos en "situación peor en dos o tres meses, cuando pida otra vez la libertad provisional". Una de esas contradicciones es que el ex gerente de PSV mantiene que entregó "dossiers completísimos" al sindicato sobre la situación crítica de la cooperativa.

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