Guerra institucional entre la presidenta y el Parlamento de Nicaragua

Primero hubo una guerra civil y ahora es la guerra institucional. La presidencia de la República de Nicaragua, que ostenta Violeta Barrios de Chamorro, y la Asamblea Nacional están enzarzadas en una disputa jurídico-política que amenaza la gobernabilidad del más pobre de los países centroamericanos. La Asamblea ha dado tiempo a la presidenta hasta el jueves para que acepte la reforma constitucional votada por el legislativo, o éste la sancionará por su cuenta: dentro de tres días, Nicaragua puede tener dos constituciones.

La disputa tiene su origen en la ratificación, el 1 de febrero, por una holgada mayoría del Parlamento, de una reforma constitucional que afecta a 67 de los 202 artículos de la ley fundamental de 1987. Recorta los poderes del jefe del Estado, transfiriendo al órgano legislativo competencias fiscales y económicas y, sobre todo, establece una serie de incompatibilidades para ser candidato 4 presidente de la República. Concretamente, el nuevo texto prohíbe la reelección e impide presentarse al cargo a familiares del presidente saliente.Chamorro se ha negado a promulgar las reformas por considerar que invaden sus competencias hasta el punto de maniatarla para gobernar. La presidenta, que no aspira a desempeñar otro mandato a partir de 1996, rechaza también la reforma para no privar a su yerno Antonio Lacayo, ministro de la Presidencia y hombre fuerte de su Gobierno, de ser candidato.

Para el presidente de la Asamblea, el democristiano Luis Humberto Guzmán, "no es justo que Nicaragua se vea abocada a una situación de tensión por la aspiración presidencial del ingeniero Lacayo", al que buena parte de los diputados detestan por tener modales más parecidos a los de un empresario enérgico que a los de un político conciliador.

Una reunión el 28 de enero entre Chamorro y Lacayo con la cúpula del Ejército ha dado incluso pie a Guzmán a acusar al Ejecutivo de "explorar con las Fuerzas Armadas" la adopción de medidas contra el Legislativo.

Las Fuerzas Armadas están en manos de los sandinistas ortodoxos que, paradójicamente, hacen causa común con el Gobierno con la esperanza de que éste promueva un proyecto de ley que confirme la propiedad de los bienes de los que se adueñaron cuando llegaron al poder.

Dos constituciones

La Asamblea ha dado de plazo a Chamorro hasta el próximo jueves para promulgar la reforma o, de lo contrario, se encargará el Legislativo de sancionarla mediante su publicación en los medios de comunicación. Dentro de tres días, Nicaragua puede tener dos constituciones, la de 1987, que aplica el Ejecutivo, y la del 1 de febrero, que apoya el Legislativo.

Mientras el jefe del Gobiemo español, Felipe González, pronunciaba el viernes un discurso ante el Parlamento nicaragüense en el que apelaba al consenso, Chamorro difundía un comunicado en el que ofrecía dialogar con la mesa de la Asamblea. Presidenta y diputados se reunirán hoy, pero las posibilidades de alcanzar un acuerdo son escasas.

La jefa del Estado pretende negociar los contenidos de la reforma, mientras sus interlocutores sólo están dispuestos a modificar los plazos de su entrada en vigor.