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López Guerra advierte sobre el riesgo de falta de imparcialidad en los jueces que regresan de la política

El aún vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Luis López Guerra, que el miércoles se reincorporará a su cátedra universitaria, es partidario de "reforzar la imparcialidad e independencia en el proceso instructor, tanto del juez como del fiscal". "Al magistrado que vuelve de la política" matíza, "hay que exigirle que sea muy cuidadoso" en aquellos casos con los que haya tenido alguna relación: "Puede resultar muy peligroso para la imagen de la justicia que los procedimientos sean revocados porque un tribunal superior aprecie que se han vulnerado derechos del acusado por falta de imparcialidad del juez". El actual presidente del TC, Miguel Rodríguez-Piñero, se lalmentó recientemente de que Baltasar Garzón instruya el caso GAL ante las dudas sobre su objetividad. El anterior, Francisco Tomás y Valiente, dijo que debería haberse abstenido.

El vicepresidente del Constitucional dice que la prisión provisional debe pedirla el fiscal López Guerra, que regresa esta semana a su cátedra de Derecho Constitucional en la universidad de Extremadura, en Cáceres, tras, cuatro años como letrado y nueve como magistrado, del TC, descartó, en declaraciones a Servimedia, su paso a la política. También manifestó su intención de dejar transcurrir el periodo legal de tres meses para la actualización científica: "Al salir del Tribunal es conveniente un tiempo para la reflexión y el distanciamiento".De cualquier forma, sobre la posibilidad de regular el trasvase de magistrados a la política, indicó: "Cualquier revisión legislativa debe hacerse con cuidado, sin descalificar lo que de noble servicio a la sociedad tienen tanto los políticos como los jueces". "No quiero decir", agregó, "que vea obstáculos para quien desde la. judicatura haya accedido a la política o vuelva a su cargo de juez. La participación en la política no descalifica al que la desempeña. Tenemos que acabar con la visión peyorativa del político. La cultura de exigir a los jueces que no se contaminen con la política es propia del pasado". "En países de amplia tradición democrática, como Estados Unidos, los jueces los elige el presidente; generalmente, entre políticos. El problema es asegurar su imparcialidad, ya que se puede afectar a la imagen que la sociedad tiene de la justicia", puntualizó.

En cuanto a la instrucción del sumario y la prisión preventiva, López Guerra piensa que la actual situación deriva de una justificada desconfianza, durante generaciones, hacia el Poder Ejecutivo. "En España", afirmó, "la opinión pública no se ha fiado de que los fiscales instruyeran el proceso porque consideraban que estaban influidos por el Gobierno. Yo creo que eso se ha superado. Resultaría de mayor garantía para las partes que la instrucción y la eventual prisión preventiva la dictara el juez a petición del fiscal. Así habría más neutralidad por parte del juez en la instrucción, después de oír a las partes y menos protagonismo que el que tiene ahora".

"Eso también exigiría reforzar la independencia del propio Poder Judicial y del ministerio fiscal respecto al Ejecutivo", continuó, "porque, si, como ahora, quien inicia el procedimiento decide la prisión provisional, de alguna forma ha tomado partido sobre la posición del acusado y eso le condiciona, inclusó psicológicamente, para revocar sus actuaciones".

"Quizá sea penoso plantear esta reforma ahora, cuando las personas que suenan en los procesos en marcha son ricas y poderosas", agregó, "pero alguna vez hay que reformar lo que no funciona, sin caer en el reformismo y contrarreformismo permanente y asegurando los elementos de continuidad que existen en el Estado, cualquiera que sea la ideología del Gobierno".

"Lo mismo digo del señalamiento de la fianza", prosiguió: "Se podría lograr mediante la autorización de avales. En los países angloamericanos hay empresas especializadas en prestar las fianzas, de las que el acusado sólo paga un jugoso interés".

Recientemente, el presidente del TC, Rodríguez-Piñero, calificó de "coincidencia desdichada" que la investigación de los GAL esté en manos del magistrado Baltasar Garzón. "La cuestión", afirmó, "no está en la independencia, sino en su imparcialidad y objetividad". Sin decir con claridad si debía abstenerse, resaltó que Garzón "salió a disgusto de la política" y está instruyendo un proceso "de trascendencia política cuando él mismo viene de la política".

. A su vez, su predecesor en el cargo, Tomás y Valiente, sí declaró de manera abierta que habría sido "prudente o conveniente" que Garzón se hubiera abstenido para evitar "el riesgo de una posible pérdida de la imparcialidad objetiva, lo que podría ser motivo suficiente para la interposición de un recurso de amparo". "Sería deseable"', concluyó, "la despersonalización del caso GAL", de tal manera que no se viese "como, una pugna entre el posible imputado y el juez".

Encuanto al riesgo de que el TC haya entrado, en ocasiones, en el ámbito de los jueces ordinarios y, en especial, del Supremo, López Guerra afirmó que "el Alto Tribunal no puede sustituir a los ordinarios en su función, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

Sobre la corrupción, destacó el papel de la prensa en sacar a la luz delitos que el ministerio fiscal o la policía no han sabido detectar "quizá por falta de medios para casos tan complejos' como las redes de narcotráfico, los delitos económicos, el tráfico de influencias o las informaciones privilegiadas". "El derecho tiene que ajustarse permanentemente a la realidad social para que ésta no le desborde", concluyó, "porque esas conductas, como ha dicho el propio Gobierno, hay que perseguirlas caiga quien caiga".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de febrero de 1995