El PP respalda por escrito la decisión del juez Barbero de pedir el suplicatorio contra Guerra

La decisión de¡ juez del caso Filesa, Marino Barbero, de proponer un suplicatorio para actuar contra Alfonso Guerra por un presunto delito electoral ha sido respaldada por el Partido Popular. El juez cuenta así con el apoyo de este partido y el del empresario huido José María Ruiz-Mateos para elevar su propuesta a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en tanto que el Ministerio Fiscal y el Servicio Jurídico del Estado le han negado su apoyo. En el PSOE recuerdan que el vicesecretario general del partido nunca se ha ocupado de cuestiones económicas, por lo que ven una evidente politización del caso.

El PSOE estima que si finalmente llega el suplicatorio, se trataría de una decisión política que podría forzarle a revisar su doctrina de no impedir la concesión de autorizaciones para proceder, contra sus parlamentarios.El Gobierno y el PSOE se disponen a afrontar otra semana "amarga" al considerar la posibilidad de que en los próximos días el juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero, proponga a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que pida el suplicatorio para el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra. La indignación cunde en este caso en toda la organización al considerar que incluir a Guerra en este asunto [presunta financiación irregular del PSOE] conlleva claramente una politización del caso porque el vicesecretario general nunca se ocupó de asuntos financieros o administrativos.

Los máximos dirigentes del PSOE ponen todos los reparos posibles a hablar de esta cuestión para no "alimentar" esta posibilidad, de la que no quieren oír ni hablar. Algunos aseguran que en este caso el juez Marino Barbero tendría que hacer "una pirueta jurídica sorprendente para implicar a Guerra en esta cuestión. "¿Cómo lo va a argurnentar"?, se preguntan para reconocer su "curiosidad intelectual" , si no fuera por la gravedad política de lo que supondría ver a Guerra en los tribunales por el caso Filesa.

Para los socialistas la cuestión es incomprensible, por lo que en privado reconocen que podrían replantearse su doctrina de conceder todos los suplicatorios que pida la Justicia para sus parlamentarios. "Con la ley en la mano me parece un despropósito de gran magnitud", afirmó Felipe González anteayer en Managua, sobre la propuesta de Barbero.

La petición del suplicatorio, inicialmente planteada por la representación del empresario huido José María Ruiz-Mateos, asumida por el propio juez instructor y secundada posteriormente por el PP, será elevada al Supremo previsiblemente esta semana, tras haber finalizado el jueves pasado las últimas declaraciones. Para el PP, "resulta necesaria" la investigación, dado que considera a Guerra "coordinador de la campaña electoral" de las elecciones generales de 1989 a la que presuntamente fueron destinados los fondos captados a través del entramado de Filesa.

El escrito del representante legal del PP, Juan Ramón Montero, considera que existen antecedentes suficientes de un presunto delito electoral. "Pero no se agota en el mismo la instrucción", añade, por lo que propone que el suplicatorio debe basarse "sobre los hechos recogidos en las denuncias iniciales" (que abarcan delitos fiscales, falsedades de documentos, malversación de caudales y apropiación indebida), "sin que quepa limitar, ni siquiera encauzar, su calificación".

Frente a esta postura, el Ministerio Fiscal ha subrayado de antemano los problemas para poder inculpar a Guerra en un delito especial como es el electoral, ya que en las elecciones de 1989 no ostentaba el cargo de administrador general electoral, que recayó en el ya inculpado Ramón Moreda Luna.

El catedrático Horacio Oliva, defensor del ex secretario de finanzas del PSOE Guillermo Galeote, pide que se rechacen de plano los "denodados intentos de involucrar a Guerra en un procedimiento judicial, sea el que sea", debido a "intereses políticos y partidistas alejados de la aplicación de la Justicia".

Oliva subraya que no hay una sola referencia a Guerra en todo el proceso, y recuerda que el Supremo rechazó en 1993 dos querellas contra él por estos mismos hechos, ya que, se dijo entonces, "Ias imputaciones no tienen suficiente apoyo fáctico".