El Control de emisiones de la incineradora de Valdemingómez, concedido a la oferta más barata

Los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente han propuesto la adjudicación del control de emisiones de la incineradora de Valdemingómez (la policía medioambiental de la instalación) a la empresa que presentó la oferta más barata: cobrará 65 millones de pesetas el primer año y 41 los otros cinco que dura la concesión. Una unión de empresas formada por Interlab, SL, y Sistemas de Instalaciones de Redes SA, vigilará los gases emitidos.Según explica la concejal de Medio Ambiente, Esperanza Aguirre, la oferta que ha resultado ganadora es la más barata. Aunque es la que más cobra el primer año de trabajo, luego percibe un canon menor que las demás compañías concursantes.

La policía tendrá que emitir un informe sobre el funcionamiento de la incineradora dentro de los 20 primeros días de quemado de residuos para verificar que la empresa concesionaria de la planta de tratamiento de residuos cumple todas las normativas que sean de aplicación. Los datos obtenidos se cotejarán con los que presente la empresa concesionaria de Valdemingómez, Tirmadrid.

El grupo municipal socialista ha expresado ya su preocupación por el hecho de que las condiciones de funcionamiento de la incineradora sean las qué promulgó la Comunidad Europea en 1989 y no las más recientes de diciembre pasado, que rebajan los niveles máximos de dioxinas permitidos. En la normativa antigua se permitía un máximo de 2,5 nanogramos (un gramo contiene mil millones de nanogramos) de dioxinas como máximo por litro de gas emitido, pero a partir de diciembre de 1996 el techo se situará en 0,1 nanogramos.

"Al poco tiempo de funcionamiento de la incineradora habrá que pararla e invertir miles de millones para adecuarla a la nueva norma", asegura una fuente del grupo socialista. Vaticinan, además, que la incineradora no comenzará a funcionar antes de las elecciones del 28 de mayo.

Hace una semana, el director de la Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri, se refirió a ese nuevo límite legal de emisión de dioxinas y anuncio que impondrá al Ayuntamiento "exigencias adicionales" que sumarán otros 10.000 millones de pesetas a los 15.000 que está costando la planta de tratamiento.