La pesadilla mexicana

El 5 de febrero más que evocar el 780 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 -a la que la ideología oficial y la propia oposición de centro-izquierda invocan permanentemente- recordó el ultimátum de Gustavo Díaz Ordaz al movimiento estudiantil del 68 en su informe del 1 de septiembre de aquel fatídico año. Ernesto Zedillo, en un discurso pronunciado en Querétaro -ciudad situada a 220 kilómetros de la capital mexicana-, exhortó al EZLN a decidirse abierta, expresa y resueltamente por la vía política para reivindicar sus demandas y, aunque prometió seguir procurando el diálogo y la negociación, advirtió: "Si las vías propuestas no fructifican procederé a convocar un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión". En su momento, Díaz Ordaz, palabras más o menos, amenazó a los estudiantes con emplear la represión militar si continuaba el movimiento estudiantil. El mensaje de Zedillo era claro: o los zapatistas acataban los términos del diálogo y la negociación que su Gobierno ofrecía o emprendería una vigorosa operación militar para aniquilar la rebelión indígena iniciada el 1 de enero de 1994.Atrás quedaban las iniciativas de solución pacífica del conflicto, que comenzaron con la declaración unilateral de cese el fuego por parte del Gobierno de Carlos Salinas el 12 de enero del 94, la iniciativa de amnistía aprobada ese mismo mes, las conversaciones en la catedral de San Cristóbal entre el EZLN y el comisionado de Paz, Manuel Camacho Solís, atestiguadas por el obispo Samuel Ruiz, que culminaron en marzo con 34 puntos de propuestas gubernamentales que implicaban reformas políticas, sociales, étnicas, económicas y culturales y que debían someterse a consulta de las comunidades indias, soporte del movimiento armado. El viraje de Zedillo hacia la solución militar se formalizó el 9 de febrero. Ese día, el presidente mexicano ofreció una inesperada conferencia de prensa donde reveló la identidad de Marcos y alegó que el EZLN venía preparando nuevos y mayores actos de violencia no sólo en Chiapas, sino en otros lugares del país, lo cual se demostraba, según el mismo Zedillo, con el descubrimiento en Veracruz y el distrito federal de sendos arsenales constituidos por unas cuantas armas y hasta algunos cuetes de fabricación casera que se emplean en las festividades populares.

La decisión presidencial no puede disociarse de los sucesos ocurridos en las escasas semanas de su temprana Administración. Cuando apenas habían transcurrido 19 días, el EZLN rompió el cerco militar y tomó 38 palacios municipales. Un día después, el 20 de diciembre, Zedillo anunciaba la devaluación del peso, acusando a los zapatistas de ser uno de los factores que propiciaron la fuga de capitales especulativos. La crisis financiera se agudizó de tal manera que el Gobierno mexicano tuvo que recurrir a pedir el apoyo del presidente Clinton para afrontar los compromisos de pago a los tenedores de diversos instrumentos financieros gubernamentales, principalmente los tesobonos, que, aunque fueron originalmente contratados en pesos mexicanos, el Gobierno se comprometió a pagarlos en dólares (cerca de 23.000 millones representaban sólo los tesobonos). Con las arcas nacionales vacías -de marzo del 94 a enero del 95 se redujeron de más de 20.000 millones de dólares a casi 2.000 millones- y ante los riesgos que implicaría una suspensión de pagos, Clinton se vio obligado a dejar de lado al Congreso y recurrir a sus facultades para otorgar créditos que sumaban 31.000 millones de dólares para "salvar a México".

Sorteada, transitoria y engañosamente, la crisis financiera, Zedillo tenía necesidad de hacer frente a la imagen de presidente débil que venía propagándose nacional e internacionalmente.

La credibilidad del presidente Zedillo se hallaba en sistemático entredicho. El 17 de enero promovió y atestiguó la firma de los Compromisos para el Acuerdo Nacional. En éstos se delineaban las reformas políticas necesarias para poner fin a los conflictos poselectorales derivados de las prácticas fraudulentas empleadas por el PRI y el Gobierno. El entusiasmo con que fueron celebrados, incluso por el PRD, cuyo presidente, Porfirio Muñoz Ledo, fue uno de sus principales promotores, no duró ni 24 horas. Los priístas tabasqueños, comandados por un grupo de gobernadores duros, se rebelaron en contra de Zedillo y los compromisos. Mediante movilizaciones callejeras (otrora reservadas a las oposiciones), paros en el comercio y con apoyo de la policía desalojaron de la plaza principal de Villahermosa, capital de Tabasco, rico Estado del sureste mexicano, a los perredistas que exigían la caída de Roberto Madraza y la convocatoria (le nuevas elecciones para gobernador de esa provincia. Precisamente la solución de los conflictos poselectorales en Tabasco, Chiapas y Veracruz eran la sustancia de los compromisos, y la virtual anulación de una salida que implicaba la renovación de los gobernadores priístas de Chiapas y Tabasco frustró la esperada distensión con el partido de centro-izquierda (PRD), duramente acosado por Salinas. Frenado por los dinosaurios de su propio partido, acusado por Cuanhtémoc Cárdenas de entreguismo a Estados Unidos, presionado por la derecha para restablecer el orden y el Estado de derecho en Chiapas, urgido de consolidar su alianza con el PAN, partido de centro-derecha, ante el riesgo de que ésta se rompiera si no se respetaba su inevitable triunfo electoral en los comicios del 12 de febrero en Jalisco, Zedillo optó por la mano dura.

Las escenas represivas del diazordazato se han vuelto a repetir. Detenciones de ciudadanos acusados de conspiración, fotografías de arsenales junto con literatura marxista se exhiben como prueba de actividades subversivas. Señalamiento de críticos, opositores y periodistas como enlaces, simpatizantes o miembros del EZLN presagian peligrosos pogromos y cacerías de brujas.

El temor, los rumores sobre bombardeos en la selva Lacandona, la impotencia y la rabia se extienden entre los activistas de derechos humanos, los intelectuales progresistas y los militares del PRD y otros minúsculos partidos y grupúsculos izquierdistas. El propio obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, que es a la vez presidente de. la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), reconocida por el propio Zedillo, es víctima de una campaña de desprestigio que pretende asociarlo con el EZLN, bajo el argumento de que sabía con antelación de los preparativos de la rebelión india, dado que adelantó la tradicional misa del gallo de la Nochevieja a las ocho de la tarde del 31 de diciembre del 93 para facilitar la toma del palacio municipal de San Cristóbal por parte de los rebeldes.

Toda esta historia represiva, sin embargo, no ha impedido la movilización masiva de decenas de miles de ciudadanos exigiendo el cese de las operaciones militares y el retorno a una solución política y negociada del conflicto armado en Chiapas. Cien mil manifestantes, en su mayoría jóvenes, recorrieron las calles de la ciudad de México el pasado sábado 11 de febrero. No deja de sorprender la alegría con la que marcharon; tambores, canciones y consignas coreadas a ritmo de mambo dan cuenta de la vitalidad y generosidad de una juventud que quiere poner fin a esta pesadilla.

La opción mexicana sigue siendo democracia o barbarie. Ni el desenmascaramiento de Marcos, ni el repliegue del EZLN a la selva y su mutación de ejército asentado en un amplio territorio a guerra de guerrillas garantizan su exterminio. Los propios oficiales militares han declarado que la captura de Marcos es improbable y que los combates se pueden prolongar por mucho tiempo. El viraje del Gobierno de Zedillo aún puede ser modificado. Aunque en esta torpe aventura contó con el aval del PAN (la instrumentación jurídica de la operación por parte del procurador panista Antonio Lozano y el apoyo inmediato del presidente del partido, Carlos Castillo Peraza, así lo confirman), las cúpulas empresariales, parte importante de la jerarquía de la Iglesia católica, el monopolio Televisa, que controla la televisión mexicana, y, desde luego, del PRI, existen fuerzas sociales y políticas capaces de obligarlo a pactar una solución pacífica y establecer las bases de una transición democrática que ponga a México en la ruta de los cambios posibles y necesarios para modernizarse y afrontar los desafíos del siglo XXI.