Vera, Amedo, Garzón

EL INGRESO en Alcalá-Meco de Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, representa un salto cualitativo de alcance todavía no previsible en el empeño del juez Garzón por esclarecer la guerra sucia contra ETA practicada por los GAL entre 1983 y 1987. Vera, cuyo ingreso en prisión incondicional y comunicada fue decretado anoche por Garzón, fue durante muchos años el jefe operativo de la lucha antiterrorista y, aunque no se sentara en los Consejos de Ministros, fue un responsable político muy próximo a los Gobiernos de Felipe González. Vera negó ayer ante el juez todos los cargos. Con independencia de cómo evolucione el sumario y de la presunción de inocencia a la que Vera tiene derecho, lo ocurrido anoche puede considerarse como un paso importante en, el camino emprendido por Garzón para intentar encontrar otras responsabilidades que las de los meros funcionarios policiales en las actividades de los GAL.En esta escalada de los acontecimientos cabe incluir otro elemento. Garzón ha decidido no sólo profundizar la investigación del secuestro por los GAL de Segundo Marey, sino reabrir el sumario 1/88 por el que ya fueron juzgados y condenados los ex policías Amedo y Domínguez. Ha solicitado permiso para ello a la Audiencia Nacional. Esta institución ha decidido aplazar hasta el lunes su decisión sobre la reapertura de este sumario -llamado caso Amedo-, pero, al parecer, la decisión ya está tomada, en el sentido de aceptar la petición. Sólo estaría pendiente aquilatar la argumentación jurídica.

Esa petición, apoyada en todos sus extremos por el ministerio fiscal, estaría motivada por la aparición de nuevas revelaciones sobre la financiación con fondos reservados de las actividades de los GAL. La reapertura del sumario sobre el caso Amedo servirá sin duda a los intereses de la justicia. El que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tome esa decisión podría significar que ha superado su anterior doctrina sobre el "vacío legal" que, según se hizo constar entonces, impidió al juez Garzón investigar los fondos reservados con los que presumiblemente se financiaron las andanzas delictivas de Amedo y Domínguez. Cierto es que hoy, tras el auto dé la Sala Segunda del Supremo a favor de la investigación del, posible uso delictivo de los fondos reservados, la justicia tiene un mayor respaldo en este terreno.

Aunque pueda haber razones para ello, no puede dejar de señalarse que la decisión de reabrir precisamente el sumario 1/88 favorece también los intereses de Amedo y Domínguez. Nada de lo que estos últimos digan en el marco de ese resucitado sumario, aunque sea autoinculpatorio, podrá volverse contra ellos porque ya fueron juzgados por estos hechos.

Amedo y Domínguez quedarán así más libres para contar todo lo que quieran -no todo lo que saben, según reconocen en declaraciones públicas- sobre hechos que, directa o indirectamente, puedan estar relacionados con el sumario por el que fueron condenados. La situación sería diferente si el sumario reactivado hubiera sido el del Monbar, que Garzón tiene sobre su mesa: un sumario relativo al atentado registrado en Bayona en septiembre de 1985, en el que fueron asesinados cuatro presuntos miembros de ETA y de cuya organiza ción tanto el juez Garzón como el fiscal Gordillo consideran sospechosos a Amedo y Domínguez. La irregular situación de ambos ex policías, testigos de cargo pero también, inevitablemente, autodenunciantes de una serie de hechos de los que, de una u otra forma, fueron protagonistas, es cada día que pasa más difícilmente explicable.

El juez puede argumentar que esta estrategia procesal es hoy por hoy inevitable, ya que el avance del sumario de los GAL depende en lo, sustancial de lo que quieran declarar dos convictos condenados a más de cien años de cárcel. Quizás por ello esa estrategia sea la única manera de que la justicia pueda sortear los formidables obstáculos -los procesales, perfectamente legítimos, y los extraprocesales, claramente obstruccionistas- con que se encontrará en su camino. A la postre, en ningún país democrático, salvo en España, la justicia ha tenido que enfrentarse a un desafilo tan desmesurado al tiempo que arriesgado: nada menos que investigar penalmente a todo el aparato del Estado -mandos políticos y profesionales, medios personales y financieros- que ha tenido la responsabilidad de la lucha antiterrorista y de la seguridad a lo largo de la década de los ochenta.

En cualquier caso, no deja de ser penoso que para que la justicia resplandezca en este asunto lo tenga que hacer a remolque de personajes que sólo colaboran con ella en lo que les conviene y que, en esa medida, pueden dirigirla hacia unos u otros objetivos. El juez deberá hacer, uso de una extraordinaria habilidad profesional para sacar la verdad judicial en una situación tan extraordinariamente confusa.