¿Cómo se mide la confianza?
El discurso sobre el estado de la nación es una institución típica del régimen presidencial. Tiene su razón de ser. En un sistema de rígida separación de poderes, es el único punto de conexión institucionalizada de los poderes legislativo y ejecutivo. Dicho discurso es el único momento del ano en que el presidente acude a la sede del poder legislativo, con la finalidad de hacer un balance de lo ocurrido en el país en el año que acaba de transcurrir y de avanzar las líneas de actuación de su Gobierno para el año que empieza. Se trata de un discurso y no de un debate. El ejecutivo y el legislativo por imperativo constitucional se enfrentan, pero nunca debaten, ya que ambos, como dijo Madison, obtienen su legitimidad "a través de canales que no tienen comunicación alguna entre sí".Esta institución no tiene fácil cabida en el régimen parlamentario, en el que el Gobierno y el Parlamento tienen la misma fuente de legitimidad y están en contacto permanentemente. La mayor parte de los regímenes parlamentarios no la tienen. Sin embargo, desde que el PSOE llegó al poder el discurso, transformado en debate sobre el estado de la nación, se ha incorporado a nuestro sistema parlamentario con un éxito de crítica y público indiscutible. A estas alturas se puede afirmar con fundamento, que se trata de un uso político que forma parte ya de nuestro régimen parlamentario de manera difícilmente reversible.
No sé si se ha reparado suficientemente en que con esta práctica se ha matizado e incluso modificado de manera significativa, el diseño del régimen parlamentario de 1978. La Constitución optó claramente por un "Gobierno de legislatura", en el que la confianza se obtiene por el candidato a presidente del Gobierno en la sesión de investidura y se presume que la conserva, a menos que se activen de forma expresa los mecanismos de exigencia de responsabilidad política: votación positiva de una moción de censura o negativa de una cuestión de confianza. El constituyente tenía en mente para el Gobierno un horizonte temporal de cuatro años.
La innovación introducida en 1983, implica de hecho -nunca podría ser de derecho, ya que no está prevista constitucionalmente- la exigencia de que el Gobierno renueve anualmente la confianza que le otorgó el Congreso de los Diputados en la sesión de investidura.
El debate del estado de la nación se produce parlamentariamente en los mismos términos que el de investidura o el de censura. Es el presidente, y no el Gobierno, el exclusivo protagonista del mismo. Y es claro que no habría presidente que pudiera mantenerse en su puesto ni un solo minuto, si en las resoluciones o mociones que se votaran al final del debate no resultara evidente que tiene detrás de sí una mayoría parlamentaria.
España es el único país en el que el presidente del Gobierno tiene que renovar anualmente, de forma casi expresa, la confianza parlamentaria para poder seguir gobernado. Por eso no entiendo la frecuencia con que, en los últimos tiempos, se hace referencia a la pérdida de la confianza del Gobierno.
¿Cómo se mide la confianza y su pérdida? A menos que, se acepte la tesis de que la mayoría parlamentaria puede ser una enfermedad, no entiendo cómo se pueden hacer afirmaciones de esta naturaleza. Si se pone en cuestión que la, mayoría parlamentaria es el criterio mensurador de la confianza política para poder dirigir el país, lo que se está poniendo en cuestión, no es un Gobierno, sino la regla del juego.
