"Temo que el 'caso GAL' acabe con un acuerdo entre los dos grandes partidos"

Miguel Castells ha participado como defensor en consejos de guerra como el de Burgos, en 1970, en el que se pedían penas de muerte. Ha publicado varios libros, entre ellos uno dedicado al histórico juicio contra dirigentes de ETA (1971) o Radiografía de un modelo represivo (1982), sobre las actuaciones de incontrolados y parapoliciales en el País Vasco en los primeros años de la transición.

Pregunta. Durante el juicio, Amedo y Domínguez lo negaron todo. De pronto, hablan. ¿Por qué?

Respuesta. Hacia octubre, el juez Garzón acuerda practicar diligencias de las que va a obtener elementos probatorios contra Amedo y Domínguez, en relación con un delito por el que no han sido juzgados, el secuestro de Segundo Marey, y tienen que articular una línea de defensa. Ya han sido condenados a 108 años de cárcel, han cumplido seis y han tenido que seguir durmiendo en la cárcel. No se cumplió la promesa de impunidad que todos estamos convencidos de que se les hizo.

P. ¿Les ve como arrepentidos?

R. Para Amedo y Domínguez existe el riesgo de que quienes adquirieron compromisos con ellos no estén en el poder en breve plazo. Tienen ya una cultura procesal, y deciden ir a la línea defensiva opuesta a la anterior, decir la verdad acogiéndose al artículo 57 bis, b, del Código Penal. Ese artículo regula la figura del arrepentido que colabora eficazmente en la denuncia de los hechos y la identificación de los delincuentes. Yo creo que dicen la verdad, porque en el momento en que mie tan ese beneficio se tambalea.

P. ¿Qué sucedería si se reactivaran sumarios distintos al de Marey, en los que Amedo y Dominguez pueden aparecer como culpables de nuevos delitos?

R. Habría que ver en qué les implica cada sumario, complicidad, encubrimiento, autoría... y respecto a qué delitos. Desde el punto de vista del Código Penal, el beneficio del arrepentido debe llevar consigo algún beneficio para la sociedad. Sería importantísimo para la sociedad que se desenmascarasen a fondo todas las tramas de la guerra sucia.

P. La reactivación del caso GAL ha desatado una gran batalla jurídico-política. ¿Un juez, por muy decidido que esté, puede llegar hasta el final?

R. El desenmascaramiento judicial de un crimen político cometido desde el poder parece imposible sin un cambio de régimen. Ha habido casos en que se ha aclarado un crimen de Gobierno como el Watergate (no un crimen de Estado), pero la actuación judicial por sí sola hubiera naufragado. Ante estos delitos, la presión, desde el aparato del Estado, sobre los testigos, peritos o jueces es tan brutal que un magistrado solo no puede hacer nada. En el Watergate se pudo avanzar en la investigación judicial gracias a la prensa y al Parlamento, en el que los partidos tuvieron que actuar empujados por la opinión pública.

P. Ahora a eso se le llama juicio paralelo...

R. Vaya por delante que a los abogados no nos gustan los juicios paralelos, inciden negativamente en la normalidad judicial. Los jueces son humanos y, consciente o inconscientemente, les influye lo que se mueve en la calle. La libertad de expresión es un pilar de todo sistema democrático, pero puede tener un coste que en ocasiones desemboca en un juicio paralelo. No obstante, cuando se trata de presuntos delitos de Estado es imposible que la investigación se inicie siquiera sin algún contrapeso a la presión de los aparatos del Estado. Y este contrapreso puede ser la opinión pública.

P. Habla como condición para llegar al final de un cambio de régimen, no de Gobierno...

R. Temo que este asunto [los GAL] acabe con un acuerdo entre los dos grandes partidos. Habrá gente procesada y gente condenada... pero se acabará colocando un cortafuegos. Lo que se investiga es un crimen de Estado, implica a importantes aparatos de Estado, no a unos cuantos miembros de un partido. En el juicio a Amedo y Domínguez también hubo un cortafuegos, el silencio de los testigos de la policía o Interior, que aparecieron como una cuadrilla de ignorantes -dicho sea sin ánimo de ofender- acerca de cosas que obviamente debían conocer. El Gobierno, prohibió dar información sobre fondos reservados. Pacto de silencio que llegó hasta el extremo de que Amedo silenció sus huellas, no se las dejó tomar.

P. No parece haber indicios de un pacto de silencio.

R. Creo que se llegará a un pacto, aunque no sé dónde se situará ahora el cortafuegos. Garzón ha avanzado gracias a la sorpresa, pero ese efecto ya no existe. Es posible, incluso, que quizás se llegue a retroceder algo. Ante un caso como éste, el acoso y las presiones de los aparatos del Estado aumentan y el juicio paralelo está servido, pero en contra del juez.

P. ¿Qué opina de la línea de defensa de algunos socialistas según la cual ellos no crearon los GAL y en todo caso su responsabilidad fue no desmontarlos?

R. La responsabilidad del PSOE por no haberlos desmantelado equivale a haber encubierto las tramas, y además las utilizaron e inevitablemente las potenciaron. No es eximente el que no las hayan creado. Sencillamente, si ya estaban ahí, no hacía falta.