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Garzón encarcela a Vera en Alcalá-Meco

El juez acusa al ex secretario de Estado de financiar el secuestro de Marey y malversar caudales

Rafael Vera, número dos de Interior y responsable de la lucha antiterrorista durante nueve años, ingresó a la 1.28 en la cárcel de Alcalá-Meco (Madrid) acusado de financiar y encubrir a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El juez Baltasar Garzón decretó su prisión incondicional tras someterle a un duro interrogatorio de cuatro horas y media. Vera está inculpado por malversación y evasión de capitales, por la presunta entrega de 200 millones a las mujeres de Amedo y Domínguez, y encubrimiento y financiación -con un millón de francos franceses, de los fondos reservados- del secuestro de Segundo Marey, en 1983. El fiscal no se opuso al encarcelamiento. La llegada del ex secretario de Estado a la Audiencia Nacional y la salida se produjeron de la misma forma: entre abucheos y aplausos. Es la quinta persona del anterior equipo de Interior que entra en la cárcel por orden de Garzón.

Rafael Vera, de 50 años, responsable de la lucha contra ETA con los ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, está entre rejas un año después de dejar la Secretaría de Estado de Seguridad. Ayer acudió a la Audiencia Nacional "sin ningún temor" poco antes de las cinco de la tarde y salió de ella detenido a la 1 de la madrugada, rumbo a Alcalá-Meco. Según su abogado, Manuel Cobo del Rosal, contestó a absolutamente todas las cuestiones que se le formularon en los 270 minutos que duró el interrogatorio, incluidas las relativas a los fondos reservados del Ministerio del Interior. "Contestó con gran corrección y Con gran coherencia", dijo su defensor, quien añadió que Vera negó todas las imputaciones que le hizo el magistrado y se negó a firmar la notificación del auto.El ex secretario de Estado sólo alegó falta de memoria en algunos casos, en razón del tiempo transcurrido, y dio respuesta incluso a los interrogantes que se le plantearon sobre el secuestro de Segundo Marey. Pero no admitió. su culpabilidad y negó haber utilizado los fondos reservados del Ministerio del Interior para éste y otros delitos de los GAL, pese a que los ex policías José Amedo y Michel Domínguez aseguran que les pagó 200 millones de pesetas para comprar su silencio.

Tras el severo interrogatorio a que fue sometido, que incluyó dos descansos, a Vera sólo le quedaba esperar. Lo hizo en las dependencias de la comisaría de la Audiencia, en la cuarta planta. Allí permaneció hora y media mientras el fiscal jefe, José Aranda, y el fiscal adscrito al juzgado de Garzón, Pedro Rubira, elaboraban el dictamen que, en una decisión poco habitual, les había solicitado el magistrado. El informe repaldó la prisión incondicional, como habían anticipado las lágrimas de dos funcionarias que momentos antes habían abandonado el edificio.

La expectación sobre este informe y la posterior decisión de Garzón superó la de la llegada de Vera a la Audiencia. Horas antes habían acudido nuevamente ante Garzón sus acusadores, los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados a 108 años de cárcel cada uno por actividades de los GAL. La presencia de Amedo y Domínguez en la Audiencia ha sido casi continua desde que el 19 de diciembre pasado decidieron confesar al magistrado su participación en la trama de la guerra sucia contra ETA.

Garzón interrogó a los ex policías arrepentidos durante una hora. Ambos habían acudido por última vez a su despacho el día 2, pero su testimonio quedó interrumpido al estimar el juez que era procedente llamar a Ricardo García Damborenea, ex secretario general de los socialistas vizcaínos, para someterle a una prueba caligráfica. Amedo y Domínguez, cuyas revelaciones en el caso GAL han desencadenado los cinco autos de prisión decretados por Garzón, estuvieron ayer con el magistrado el tiempo justo para que éste amarrase los últimos cabos.

El siguiente paso del instructor fue interrogar a Vera. El ex secretario de Estado pudo evitar este trámite el 3 de febrero presentando una doble recusación contra los jueces Baltasar Garzón y Carlos Bueren. Pero sólo prosperó una, la de Bueren, y ayer tuvo que afrontar por fin la posibilidad de entrar en la cárcel. Sus temores acabaron por confirmarse pasadas las once de la noche, momento en que Garzón resolvió encarcelarlo. Los alrededores del juzgado, fuertemente vigilados por agentes antidisturbios llegados en cinco furgonetas, congregaron durante ocho horas a más de un centenar de curiosos. Los agentes, ayudados de vallas metálicas, les impidieron acercarse al compareciente, pero se oyeron sus voces. Unos dedicaron a Vera aplausos y "bravos"; otros le insultaron "golfo", "chorizo" y "sinvergüenza". Al final, la policía intervino para poner fin al brote de discusión surgido entre los integrantes de uno y otro grupo.

Vera, con traje oscuro y aspecto circunspecto, entró en la Audiencia sereno, sin prisas, caminando entre las vallas y los policías junto a su abogado y sin hacer declaraciones. Las había hecho poco antes cuando abandonaba el despacho de Cobo del Rosal: "Déjenme, tengo mucha prisa, voy a llegar tarde y se enfadarán sus compañeros", indicó en un arranque de humor. También "muy entero, completamente entero", según Cobo del Rosal, afrontó el ingreso en prisión.

Desde anoche comparte techo en la cárcel de máxima seguridad con dos antiguos compañeros de Interior: Juan de Justo, su ex secretario personal, y Julián Sancristóbal, ex director general de Seguridad, aunque le será imposible hablar con ellos. También será compañero de cinco etarras.

[La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que hace cuatro años condenó a Amedo y Domínguez por seis asesinatos frustrados, ha aplazado hasta el lunes su contestación a Garzón, quien pidió la reapertura de aquel sumario para investigar la financiación de los GAL].

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de febrero de 1995