Una complicada historia procesal

La reapertura del caso GAL, y en concreto la del sumario del secuestro de Segundo Marey, en 1983, llevó el pasado diciembre a Baltasar Garzón a decretar la prisión de varios altos cargos policiales y ex responsables del Ministerio del Interior, entre 1982 y 1987. Las nuevas declaraciones de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez ante Garzón implicaban en la trama de los GAL a Rafael Vera, que había sido director de la Seguridad del Estado, subsecretario y se cretario de Estado de Interior.Según afirmaba Amedo en su nueva declaración, Julián Sancristóbal llamó a Rafael Vera, entonces director de la Seguridad del Estado, para informarle que el intento de secuestro de José María Larretxea Goñi quedó frustrado por gendarmes franceses. Sancristóbal, en un careo con Amedo, desmintió esta versión.

El 9 de enero, El Mundo recoge unas declaraciones de Amedo y Domínguez según las cuales el ex secretario de Rafael Vera, Juan de Justo, trasladó a Suiza 50 millones, que entregó a las esposas de los dos ex policías. El mismo día, Garzón llama a declarar a De Justo, al que encarcela. Al día siguiente, Vera presenta una denuncia contra Garzón, al que acusa de "torturas psíquicas y coacciones" contra De Justo durante su interrogatorio.

El 12 de enero, Garzón confirma la prisión de De Justo. Ese mismo día, Vera presenta ante el Supremo una querella contra Garzón. Una semana más tarde, Vera solicita al fiscal del Estado, Carlos Granados, que presente una querella contra Garzón por ocultar durante su actividad política datos sobre el secuestro de Marey. El ministerio fiscal informa el 7 de febrero contra la admisión de las querellas.

El 16 de enero, el magistrado Baltasar Garzón aprecia indicios para actuar contra Vera en el sumario del caso GAL. Por otro lado, el juez suizo Paul Perraudin confirma que Vera dispuso de una cuenta bancaria en aquel país. El día 17, los abogados de Vera plantean que su cliente es aforado y que el caso debe pasar al Supremo, si bien el día 24 el fiscal informa que Vera no es aforado y, por tanto, Garzón tiene competencia sobre el caso GAL. Un día más tarde, el Tribunal Supremo permite a Garzón actuar contra Vera.

El 18 de enero, el ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal acusa desde la cárcel a Garzón de haber participado en una "conspiración política" para derribar a Felipe González.

El 20 de enero, la defensa de De Justo, argumentando que éste y Garzón habían compartido secretos en Interior, pide la recusación del juez.

El 31 de enero, el fiscal del Supremo da. a conocer un informe contrario a admitir la querella contra Garzón por coacciones a Juan de Justo. Ese día, Bueren rechaza la recusación formulada por la defensa de De Justo.

El 3 de febrero, en un último intento del ex secretario de Estado de Interior por sustraerse a la jurisdicción de Garzón, presenta una doble recusación contra Garzón y Carlos Bueren -por "enemistad manifiesta" con el primero y amistad íntima" con el segundo-, el mismo día en que por primera vez comparecía ante el juez instructor del caso GAL.

El 7 de febrero, el fiscal pide al Supremo que rechace la querella que imputa a Garzón torturas y filtraciones.

El 10 de febrero, Carlos Bueren admite la recusación de Vera, quedando apartado definitivamente, tras ser admitido su informe al día siguiente.

El día 13 de febrero, Garzón informa negativamente sobre la recusación que formuló Vera. Un día más tarde, el juez Manuel García-Castellón rechaza la recusación, lo que devuelve a Garzón el caso GAL, y acusa a Vera de "prefabricar las causas de recusación".