La parálisis de la justicia

No entienden nada. José Fernández Conde y Manuela García Martos, padres de cinco hijos vivos, han llegado a la conclusión de que la justicia no existe. Uno de sus hijos, Juan Carlos, falleció en un accidente de moto y otro de ellos, que le acompañaba, José Andrés, quedó malherido. Ocurrió en 1990, cuando un vehículo les embistió en una carretera de Tarragona. Tres años más tarde, un juez de Valls les otorgó una indemnización de 34 millones de pesetas. Pero hubo recurso y una magistrada de Tarragona les ha dejado sin un duro porque, en su opinión, hubo prescripción al estar paralizadas las diligencias. Y éstas lo estuvieron por dos veces, pero por el mal funcionamiento de la Administración de justicia. Un escrito del fiscal tardó más de dos meses en llegar al juzgado y no fue designado a tiempo un médico forense para reconocer al herido.Juan Carlos tenía 17 años cuando falleció, el 24 de noviembre de 1990. José Andrés que ahora tiene 21, tiene todavía limitada la movilidad como consecuencia de las heridas. La familia Conde-García no lo tiene nada fácil para salir adelante. Ni el padre, un asturiano de 62 años, ni la madre, andaluza de 50, pueden trabajar. Ambos están en situación de invalidez provisional en el caso de él, permanente en el de ella. Los ingresos mensuales por las pensiones de los dos ascienden a 120.000 pesetas. Los cinco hijos tienen 10, 15, 16, 21 y 23 años. "La mayor ha estado contratada dos meses y de vez en cuando trabaja en lo que puede", dice la madre, Manuela, que durante un tiempo trabajó de pinche de cocina. Los demás estudian. EI herido en el accidente lo tiene muy difícil para acceder al mundo laboral y se encarga de cuidar las gallinas y conejos que la familia cuida en un corral. Viven en una casa, que se han ido construyendo como han podido, a cinco kilómetros del Pla de Santa Maria.

Pese a las estrecheces de su economía y de su total desconocimiento de las cuestiones legales, la familia en ningún momento se dio por vencida. Nombró abogado y se negó a aceptar Ios cuatro millones de pesetas que un día un hombre nos quiso dar, antes del juicio", dice el padre.

Pero el forense del juzgado de Valls que debía visitar a José Andrés siempre estaba enfermo. Falleció y el herido fue reconocido por otro médico. El problema es que habían pasado dos meses sin actividad en el expediente y ese es el tiempo que prevé la ley de prescripción en un juicio de faltas.

No fue la única parálisis en el caso. El visto del fiscal al expediente -un trámite previo al señalamiento del juicio- tardó más de dos meses en llegar al juzgado de Valls. Otra vez la prescripción. Sin embargo, el juez Salvador Salas Almirall consideró que ni una ni otra circunstancia eran suficientes. Textualmente, su sentencia dice que algo así "es contrario a la naturaleza de las cosas". Eso sí, el magistrado negaba que ninguna de las dos causas de la prescripción fuera achacable al juzgado. Matizaba, además, que una de las paralizaciones se produjo en verano, "con todo lo que ello comporta de lentificación de los procedimientos debido a la obligatoriedad de las vacaciones del funcionariado".

El juez condenó a la compañía aseguradora del vehículo, Reddis, a abonar las indemnizaciones. Por la muerte, 12 millones de pesetas y por las lesiones y secuelas del otro hermano, otros 22 millones. Pero la aseguradora recurrió contra esa sentencia. En la apelación, Reddis insistió en que el asunto había prescrito. La juez de la Audiencia de Tarragona, Ana María Aparicio, revocó el fallo anterior. No lo hizo por estar disconforme sobre quién tuvo la culpa del accidente ni por la cuantía de la indemnización, sino por la prescripción."

El resultado es que la familia del fallecido ha perdido el pleito y ahora sólo le cabe iniciar la vía de reclamación civil. Ni el padre ni la madre se fian de lo que pueda ocurrir. El padre se lamenta: "Es que ya no creemos en nada".