Pacto de la pensión

EL COMPROMISO de todos los partidos de mantener el actual sistema de pensiones y garantizar el poder adquisitivo de las mismas tiene más de inquietante que de tranquilizador. La precariedad de los sistemas públicos de seguridad social es un rasgo común a la mayoría de los países europeos, donde más de una cuarta parte de la riqueza generada es destinada a. la cobertura de gastos sociales. Las posibilidades reales de satisfacción en el futuro de esas prestaciones sociales son, como mínimo, cuestionables. Insuficiente crecimiento económico, limitada capacidad de empleo y manifiesto deterioro de las finanzas públicas son las causas genéricas de esa insuficiencia financiera. El ámbito en el que se manifiesta con mayor elocuencia esa falta de correspondencia entre compromisos políticos y capacidad financiera para, satisfacerlos es el de las pensiones de jubilación. Con la agravante de la evolución demográfica, caracterizada por la coexistencia de una reducida tasa de natalidad, que reduce el número de contribuyentes, con un aumento de la esperanza de vida, que prolonga el periodo de percepción de las prestaciones.En España, el envejecimiento de la población es más rápido que el promedio europeo, y la capacidad de. generación de empleo, significativamente inferior, por lo que, de mantenerse esas tendencias, el sistema será incapaz de atender sus compromisos, en los términos actuales, antes de 20 años. Razones hay, por tanto, para la creciente inquietud de los pensionistas actuales y, sobre todo, los futuros.

Esa sensibilidad de la mayoría de los ciudadanos no se ha traducido en planteamientos serios de solución del problema, sino que, por el contrario, es uno de los campos donde más explícita ha sido la frivolidad de los partidos políticos, y la supeditación del tratamiento del mismo a las estrategias electorales generadoras de mensajes engañosos y, en no pocas ocasiones, descaradamente demagógicos. Ello ha coexistido con las prédicas alarmistas de los exclusivamente interesados en la promoción a ultranza de los planes privados de pensiones.

Las conclusiones adoptadas por los diputados que integran la ponencia de Seguridad Social, presidida por el popular Rodolfo Martín Villa, no han avanzado mucho en la necesaria clarificación del problema y, desde luego, en la definición de soluciones concretas. El mensaje transmitido tras el denominado Pacto de Toledo de que el actual sistema público es viable no parece perseguir otro objetivo que tranquilizar los ánimos de los ciudadanos y, más directamente, eliminar su instrumentación en futuras contiendas electorales. La voluntad de mantener y fortalecer el actual modelo solidario de Seguridad Social -la convicción de que puede seguir cumpliendo su compromiso con la población protegida, actual y futura- es una afirmación, cuando menos, arriesgada.

De entrada, no parece muy coherente dar garantías de continuidad del sistema actual sin definir las vías de su financiación. Pero aún más inquietante es que el acuerdo se constituya en barrera para la búsqueda de salidas a este problema compatibles con el necesario saneamiento de las finanzas públicas. Para que ese acuerdo sea algo más que un pacto de no agresión entre las principales formaciones políticas en las vísperas electorales, debería ir acompañado de uno no menos vinculante en el que se asuma la necesaria reducción del déficit público y de la deuda correspondiente hacia niveles compatibles no sólo con la convergencia europea, sino con la más elemental e inmediata reducción de la carga sobré el gasto que supone la atención a la creciente deuda pública.

La disposición al consenso político es hoy más apreciable que nunca, pero sobre bases que permitan garantizar una sana administración de los recursos públicos. La consideración que ahora han de hacer de ese acuerdo los partidos políticos, antes de la definitiva elaboración del documento que se debatirá en el Congreso, deberá precisar cuantitativamente la importancia asignada a las tres modalidades sobre las que descansará el modelo de prestaciones -contributiva, no contributiva y complementaria- y las actuaciones de reforma destinadas a garantizar esa difícil compatibilidad de la solidaridad entre generaciones. En ausencia de ese ejercicio de concreción, una vez más, y ahora todos juntos, se seguirán vendiendo promesas de humo.