Nuevos testigos aseguran que De la Rosa quiso desviar parte del aval a Tibigardens

Durante la jornada de ayer dos nuevos testigos declararon ante el juez Joaquín Aguirre. El primero de ellos fue Carles Vilarrubí, que ocupó el cargo de consejero delegado de Tibigardens, antiguo nombre de la empresa promotora del parque de atracciones Tibidabo, entre los meses de abril y octubre de 1992.A preguntas del juez y de los fiscales, Vilarrubí, desveló que su precipitada marcha de la empresa, formalizada mediante su dimisión irrevocable ante un notario en octubre de 1992, estuvo motivada por su negativa a desviar 1.000 millones de pesetas, procedentes del aval otorgado por la Generalitat al proyecto, a empresas relacionadas con De la Rosa, según han asegurado fuentes próximas a las investigaciones. La intención del financiero era que Quail, su sociedad patrimonial, y Grand Tibidabo, de la que era presidente, recibieran 500 millones de pesetas procedentes de los avales. Vilarrubí, de acuerdo con la declaración, explicó que, en su opinión, la ley del Parlamento catalán no permitía hacer eso por lo que, ante la insistencia de De la Rosa y sus colaboradores, optó por abandonar la empresa antes de firmar los talones con los que se quería distraer el dinero.

Parece quedar claro que en fecha tan temprana como octubre de 1992, nada más recibir la primera parte del aval, De la Rosa ya había pensado en utilizar el dinero para otros proyectos.

El segundo testigo de la mañana fue Alfons Maristany, cuñado de De la Rosa y ex presidente de Tibigardens. Aunque Maristany fue citado como inculpado, tras prestar declaración, el juez le convirtió en testigo sin cargos. En el caso de Maristany, las preguntas se centraron en el desvío efectivo de 1.000 millones de pesetas del aval para conseguir créditos en favor de Grand Tibidabo. Eso se produjo durante enero y febrero de 1994. El cambio en el estado judicial de Maristany, se produjo al comprobar que los pagarés que permitieron el desvío del dinero fueron firmados por dos colaboradores de De la Rosa: Javier Garrido, director de Tibigardens, y Miguel Soler, asesor del financiero encarcelado desde los tiempos del Grupo Torras. Éstos utilizaron, sin conocimiento de Maristany, sus poderes de firma de hasta 200 millones de pesetas para retirar los 1.000 millones de pesetas.