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Hacienda corta las alas al despegue de la inversión en Defensa

La impopularidad de los gastos militares y el escaso peso del sector de Defensa en la industria española, tanto en producción como en empleo, explican que el presupuesto de Defensa sea el principal pagano en cualquier intento por contener el déficit, según los responsables de dicho departamento.Paradójicamente, es en julio de 1991, cuando el Congreso aprueba el nuevo modelo de Fuerzas Armadas, que propone elevar los gastos militares hasta el 2% del PIB, cuando se agravan los problemas. Es mismo mes, el Gobierno recorta en 108.000 millones el presupuesto de Defensa que, con 858.000 millones, ya era inferior en un 1,4% al de 1990.

La batalla soterrada con Hacienda salta a la luz en septiembre de 1992, con la dimisión irrevocable del secretario de Estado de Defensa José Miguel Hernández, el único alto cargo del Gobierno socialista que ha dado el portazo por discrepancias políticas. En 1993, se produce un cambio de tendencia y, por vez primera desde 1990, el presupuesto de Defensa crece, aunque moderadamente, un 6,37%. El aumento previsto para 1995, del 7,58%, llena de optimismo a las altos cargos de Defensa, que dan por superadas las estrecheces.

Poco duró la euforia. Los 61.000 millones de más que Defensa pensaba gastar, en relación al año anterior, se esfuman con la tormenta monetaria de enero y el posterior ajuste. La decisión del Gobierno de bloquear 42.600 millones de pesetas del presupuesto de Defensa y la pretensión de Hacienda de recortarle otros 30.000 millones convierten el sostenido despegue de los gastos militares en un accidentado aterrizaje.

Proyectos al cajón

Mientras el ministro expresa su malestar en público, los responsables económicos del ministerio y de los ejércitos intentan salvar los muebles. Ante la imposibilidad de rebajar los sueldos, el recorte tiene que salir de los 265.000 millones previstos para inversión, investigación y sostenimiento, comprometidos ya en un 80%.El Plan Norte de reorganización del Ejército de Tierra (5.000 millones de pesetas ampliables en 1995), el Plan Renove de modernización del parque de vehículos de ruedas (6.000 millones), el blindado Pizarro (600 millones), el buque anfibio LPD (4.198 millones) o los 24 cazas F-18 de segunda mano (1.800 millones) están en el alero, como también el futuro de Bazán, Santa Bárbara o CASA. Con esa perspectiva, Julián García Vargas ha preferido guardar en un cajón el Plan Estratégico Conjunto (PEC) y la ley de Financiación de las Fuerzas Armadas, pendientes de aprobación desde hace dos años.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de febrero de 1995