Los socialistas europeos propugnan restringir el veto a casos excepcionales

La norma debe ser la toma de decisiones por mayoría en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE). La unanimidad -es decir, el veto- quedará como excepción, restringida a escasas y determinadas cuestiones. El Parlamento Europeo elegirá al presidente de la Comisión. Estas son algunas de las propuestas socialistas para una reforma a fondo de la UE en 1996, en ciertos aspectos menos ambiciosas, pero más concretas, de las que defienden los democristianos alemanes.
Si la conferencia de 1996 que revisará el Tratado de Maastricht, "fracasa o no alumbra más que una reformita ", como pretende el Gobierno de John Major, la UE se verá abocada a "aplazar la gran ampliación" hacia el Este y otros países o a escuchar el "tañido de la campana sobre el sueño de una unión política europea" con lo que "no será mas que una zona de libre cambio".Así de rotunda es la posición del Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos (PSE) sobre el futuro de la UE, expresada en el documento elaborado por Elisabeth Guigou -ex ministra francesa de Asuntos Europeos- y presentado ayer por su autora y la presidenta del grupo, la laborista Pauline Green.
El texto, sometido aún a enmiendas de sus colegas, pretende ser la réplica de izquierdas al que redactaron los parlamentarios democristianos alemanes el pasado otoño. En éste, la CDU-CSU propugnaba una Europa con un núcleo duro de países desarrollados y otros avanzando a distintas velocidades; una Comisión con los "rasgos" propios de un Gobierno europeo; y la eliminación total del derecho de veto. Los socialistas han optado por reivindicaciones formalmente menos ambiciosas, pero también más factibles y concretas.
Así, en lo institucional se propugna refundir todos los tratados en uno sólo "simplificado", y deslindar las competencias de Comisión, Parlamento y Consejo. La Comisión -no se dice que deba convertirse en el "Gobierno" de Europa, a diferencia del proyecto democristiano-, debe conservar su papel de iniciativa y su función ejecutiva, para lo que el Consejo de ministros "debe parar de controlar sus decisiones" como hace actualmente a través de "varios centenares de comités compuestos de miles de funcionarios nacionales", el cáncer de la comitología.
El Parlamento debería aumentar sus funciones en la configuración de la Comisión. El voto parlamentario a su presidente es hoy consultivo. El PSE defiende que sea vinculante. El documento Guigou recoge también las propuestas de que los parlamentarios designen al sucesor de Jacques Santer "entre varios nombres escogidos por el Consejo Europeo" o mediante elección directa.
En cuanto al Consejo, "la unanimidad" hoy requerida en casi todas las cuestiones importantes, "amenaza, en una Unión con 25 o 30 Estados, con generar una paráfisis". Por eso el documento socialista propugna "generalizar el voto por mayoría cualificada".
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